Contra la minería ilegal y en defensa de la Amazonía
Dirigentes amazónicos piden trazabilidad del oro peruano para evitar que sea de origen ilícito.
La minería ilegal depreda, contamina, agrede y mata. El volumen de lo que comercializan ilegalmente llega a los 8.000 millones de dólares anuales, con lo que supera al narcotráfico y a varios otros delitos que se cometen en el país.
Las operaciones de minería ilegal se extienden geográficamente a lo largo de todo el Perú y ahora es más significativa su presencia en la Amazonía, en la que están produciendo daños irreversibles por la contaminación de los ríos y los efectos que provocan en comunidades enteras, obligadas a salir de sus tierras ancestrales en busca de zonas con agua limpia y alimento.
Los asesinatos contra 35 líderes amazónicos forman parte de esta acción criminal que está desmantelando el bosque y dejando destrucción y muerte. Es repudiable que, en este contexto, este daño no sea valorado por el Estado, que hasta el momento se ha puesto de perfil ante la gravedad de los hechos, alentando desde el propio Congreso el irregular avance de la minería ilegal, bajo falsos argumentos de que están promoviendo la formalización de los mineros mediante el Reinfo.
Reunidos los dirigentes amazónicos de la Aidesep en el III Encuentro con las Autonomías Territoriales, se ha evaluado la gravedad de la situación. Son 22 los ríos amazónicos contaminados y 185 toneladas métricas de mercurio anuales las que han sido descargadas en ellos. El 70% de la exportación del oro peruano proviene de la minería ilegal y con el alza significativa que ha mostrado en mercados internacionales el metal aurífero, las condiciones tan malas en las que se desarrolla ese comercio ilícito amenazan con ser peores.
Por ello, producto de la reunión de las organizaciones de la Amazonía, se ha lanzado un llamado a los principales países que adquieren ese “oro sucio” a exigir una mayor trazabilidad del metal, para asegurarse de que no proviene de estos depredadores del medio ambiente y de la selva amazónica.
También han exigido el cierre definitivo del registro de formalización minera, porque bajo esa argucia se esconde la impunidad con la que actúan los delincuentes que están asolando el país y dañando irremediablemente el hábitat amazónico, que es patrimonio de la humanidad.
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