El madurismo peruano, por Diego García-Sayán

Golpe de Estado en marcha. Es decir, rompimiento del orden constitucional, aunque con “envoltorio” constitucional esta vez. Uno de sus arietes es, paradójicamente, el Congreso y su inefable “Comisión de Constitución”, abocada sistemáticamente a promover decisiones groseramente anticonstitucionales e, incluso, golpistas.

A eso está siendo sometido el Perú por el pacto corrupto. Inocultables —y varias— son las movidas en marcha para cancelar controles institucionales. Un “madurismo peruano” en pleno desarrollo, recreado por las maromas del pacto corrupto y del crimen organizado que hoy marcan el rumbo de las cosas en nuestro afligido país.

Apuntan, entre otras cosas, a bloquear el control judicial de los actos del Congreso para dotarse de impunidad.

Varias señales del golpe del “madurismo” local

Esta vez, el camino golpista es diferente al autogolpe militar de 1992; Gobierno y Congreso corruptos juegan esta vez “en pared”. En ese sentido, existen tres aspectos evidentes de este golpe de Estado en desarrollo.

Primero, un Gobierno colapsado, débil e inepto. Ausente frente a la caótica realidad nacional, avanza junto con el Congreso en la demolición institucional, todo dentro del marco de la grosera inoperancia gubernamental.

Segundo, la agenda del Congreso del pacto corrupto focalizada en abrirle paso al crimen organizado. Por ejemplo, diluyendo la tipificación de “crimen organizado”. Dato penoso que se explica: de los 130 parlamentarios, 67 (¡el 51,5%!) están bajo investigación por presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública y contra el patrimonio.

En esa dinámica, pieza crucial es la “Comisión de Constitución” del Congreso del pacto. Emanó de ella el inconstitucional proyecto del cabecilla de esa comisión (Rospigliosi): eliminar el crucial control judicial sobre decisiones de los poderes públicos, aunque fueran inconstitucionales.

Como lo ha resaltado en un reciente, digno y claro pronunciamiento público el Jurado Nacional de Elecciones, “el control judicial de las decisiones de los poderes públicos en los procesos constitucionales (…) materializa la protección judicial, reconocida en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la existencia de un recurso efectivo que ampare los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Nada que añadir.
Impunidad para el poder

La eliminación del control judicial que se perpetra en el Congreso vulneraría las normas democráticas fundamentales, reemplazando el Estado de derecho por el poder fáctico y la voluntad de quienes lo ejercen. Por eso es clave para la independencia —y calidad— judicial futura una JNJ decente, sometida solo a la Constitución y a la ley.

Para “asegurarse”, la dinámica del pacto está orientada a intervenir en la designación de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El proceso de selección de candidatos/as lo lleva a cabo una comisión dirigida nada menos que por Josué Gutiérrez Cóndor, cuestionado defensor del Pueblo, quien fuera abogado del prófugo Vladimir Cerrón.

La sociedad democrática debe prestar mucha atención al desempeño de esta comisión y darle seguimiento. Ya se conocen algunos nombres de candidatos poco presentables por sus oscuras trayectorias en colisión con la legalidad. Hay hasta un candidato —Gino Ríos Patio, por ejemplo— cuestionado por haber publicado como propios párrafos enteros de otro autor.

Interacción con el crimen organizado

El pacto corrupto le ha dado luz verde al crimen organizado, flexibilizando la definición jurídica de organización criminal. Colapso institucional en marcha, que ya se da en ostensible y activa interacción con el crimen organizado, el cual hoy controla el Estado y las calles del Perú.

El Congreso del pacto ya había dado un paso firme en esa dirección: derogó —en marzo de 2024— el DL 1607, que regulaba la tenencia de explosivos destinada a frenar la minería ilegal. El “combo multipartidario” —liderado por el “fujicerronismo”— permitió que la minería ilegal y sus crímenes tomaran el timón, con lo que la Policía Nacional ya no puede actuar contra los autores de tenencia ilegal de explosivos.

El Congreso del pacto también aprobó la Ley 32108, que impone graves obstáculos a la política del Estado en la persecución y represión de la corrupción. Y deja en la impunidad los casos en los que las sanciones penales previstas no superen los seis (6) años de pena privativa de la libertad.
Esta ley vulnera las obligaciones establecidas en la crucial Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 14 y 23): prevenir, investigar y sancionar el lavado de activos provenientes de la corrupción. Al cambiar la definición de crimen organizado, excluye la extorsión y la penalización del comercio sin control de dinamita y otros explosivos.

Traba así la acción investigativa del Estado. Un mes después de dictada la ley, ha habido 15 ataques armados impunes a 11 empresas de buses, con tres muertos y decenas de heridos.

Independencia judicial: crucial para la democracia

La justicia es la principal arma con la que cuenta una sociedad civilizada para enfrentar la corrupción y hacer posible la cooperación internacional para derrotarla. Mi homenaje a todos los jueces que, con valentía y sabiduría, están enfrentados al siniestro brazo de la corrupción y pueden resistir a las amenazas y bravatas provenientes del pacto corrupto.

Pero aquí, como los cangrejos: avanzando en consagrar la impunidad del crimen organizado y de las graves violaciones a los derechos humanos. Y apuntando, asimismo, a someter al sistema electoral, aún independiente.

Todo conduce a seguir borrando del mapa cualquier posibilidad o espacio de control de poder, dentro de un contexto en el que está en marcha un “golpe de Estado”, con modalidades a las que no se atrevió ni el fujimorismo de los noventa. Pero el pacto corrupto, que hoy gobierna, va más allá.
Así estamos.