Crimen sin castigo, por Miguel Palomino

En esta columna solemos hablar de temas económicos, por lo que podría parecer que la criminalidad no es un tema que encaje aquí. Sin embargo, sí que lo es. Los economistas, cuando tratan factores “extraeconómicos”, suelen considerarlos como algo dado, difícil de cambiar y, por eso, muchas veces, los ignoran. Pero esta es una simplificación que debemos dejar de lado si realmente queremos entender su efecto sobre la economía.

Primero que nada, debe quedar claro que el efecto de la criminalidad sobre la economía es enorme, especialmente cuando el crimen crece y se vuelve más sofisticado. Las decisiones que toman las familias y las empresas son muy distintas. Por ejemplo, hay diferencias en un país con muy baja criminalidad y en uno donde el crimen está fuera de control. ¿Qué decisiones cambian? Prácticamente, todas: cuánto y qué consumir, cuánto y en qué ahorrar, cuánto y en qué invertir, etc.

Cuando hablamos de criminalidad, nos referimos a todas las actividades ilícitas, desde el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la minería ilegal, el robo, la extorsión, la corrupción, entre otras. ¿Qué tan grandes son estas actividades? Como son ilegales, solo podemos hacer estimaciones. Así, los cálculos sobre la importancia de alguna actividad criminal (la minería ilegal de oro, por ejemplo) serán una buena aproximación, mientras que, para otras, no serán más que una aproximación. Los resultados varían según el método que se use, pero un estudio reciente de Valdez, Basombrío y Vera calcula que las economías ilegales en el Perú generan aproximadamente 10,000 millones de dólares al año.

Pero el medirlo así, por los ingresos que genera, no es una medida de cuanto daño se hace a la economía por una actividad criminal. Por ejemplo, si nadie jamás robara y todo el mundo adaptara su comportamiento a esto, el bienestar creado por la ausencia de medidas antirrobo sería mucho mayor a la suma de lo robado: imagínese cuántos recursos se dedican a la seguridad, cuánta actividad no se realiza por la existencia de robos y súmele toda la paz mental de una población que ya no sería víctima de este tipo de delincuencia.

Además, algunas actividades criminales, como la corrupción, por ejemplo, causan un desperdicio de recursos que es muchísimo mayor que el valor de la coima recibida por el criminal, que es lo que muchos perciben como el costo de la corrupción.

Un ejemplo claramente documentado es el caso de la carretera IRSA Sur. El expresidente Alejandro Toledo recibió una coima de 20 millones de dólares por esa obra, pero la carretera terminó costando más de 4,000 millones de dólares, cuando inicialmente debía costar 1,100 millones de dólares, con cifras de la Contraloría General de la República. Es decir, la coima fue solo una pequeñísima fracción del daño total que pagamos los peruanos.
Sin embargo, también es cierto que la IRSA Sur no fue un total desperdicio. La carretera servía a cierta población, pero no para pagar 4,000 millones de dólares. El daño en este caso sería la diferencia entre el costo y lo que en verdad valía la carretera. Pero hay casos aún peores, en los que la obra nunca se debió hacer y de la cual nadie obtendrá nunca beneficios (bueno, alguien obtuvo beneficios, pero no estamos hablando de eso), sino que cada año de operación agrandará el tamaño de la pérdida, como lo es la refinería de Talara. Esta costó 7,000 millones de dólares (y se irán sumando), pero la obra jamás debió hacerse y los peruanos somos más pobres por ella.

Existen además otros costos ocultos del crimen. Uno de los más importantes es que hay abundante evidencia que el crimen genera más crimen, formando un círculo vicioso que se vuelve cada vez más difícil de detener. Por ejemplo, veamos las cifras de Madre de Dios, cuya economía depende en gran parte de actividades ilegales, como la minería y la tala ilegal. Estas jalan otras actividades ilegales como la trata de personas y el robo. Un habitante de Madre de Dios tiene tres veces más probabilidades de ser víctima de un robo a mano armada que alguien en el resto del país.

Ya antes, en esta columna, hemos hablado del crecimiento de la extorsión (La libertad de extorsionar, 5 de marzo de 2024) y mencionamos lo peligroso que es para el Perú que no se detenga la expansión del crimen, sobre todo porque conforme este progresa tiende a convertirse en crimen organizado. Al ser organizado, el crimen cuenta con más formas de protegerse a sí mismo, incluyendo la penetración del Estado (poder judicial, policía, congreso, etc.), lo cual lo hace más difícil de enfrentar exitosamente. Salir de esta situación traerá consigo un costo inmenso para cualquier sociedad que lo intente. Ejemplos de lo que costó son los de Pablo Escobar en Colombia, la lucha contra la Mafia en Sicilia y la lucha contra Sendero Luminoso en el Perú. Hay países en los que la criminalidad ya copó al Estado y parece no haber salida, como Cuba o Nicaragua. Si se deja desatendida la criminalidad puede que ya no haya vuelta atrás, como es posiblemente, ojalá no sea así, el caso actual de Venezuela.

Todo esto nos lleva a la importancia de establecer un frente común en contra de la criminalidad. No existe ninguna posición ideológica que pueda justificar la criminalidad, al menos no abiertamente. Pero, hoy en día, todos tiran para su lado, por diversos motivos, sin caer en cuenta (por lo menos abiertamente) que al hacerlo le están haciendo el juego a la criminalidad.

Así, por ejemplo, el ministro del Interior le echa la culpa de la criminalidad a la fiscalía, mientras que la fiscalía asegura que prefiere ser considerado el enemigo antes que el amigo del Ejecutivo. Así, con esta actitud, claramente se está dejando de lado el objetivo común. Algunos fiscales han actuado mal, así como hay policías cuya conducta deja mucho que desear, pero ese no es el punto. Ambas instituciones deben colaborar en la lucha común contra el crimen, atendiendo cada una los errores de cada parte. Pelearse (y menos en público) no sirve de nada.

Igualmente, el Congreso no debe jugar en pared con el Ejecutivo para sacar ventajas mutuamente convenientes cuando el resultado es claramente favorable para el avance de todo tipo de crímenes. ¿En qué país del mundo se tiene que avisar con anticipación la realización de un allanamiento? ¡Esto va contra el objetivo de la medida! Si se juzga que algunos fiscales se excedieron en determinadas circunstancias, hay que atender los problemas específicos con los fiscales, no cambiar la ley y beneficiar a los criminales en general.

La misma preocupación aplica a la reciente legislación contra el crimen organizado. No podemos desmantelar toda una categoría de crímenes solo porque algunos fiscales hayan abusado de su poder, en muchos casos porque el Poder Judicial lo permitió. Atarnos las manos solo beneficia a nuestros enemigos comunes: los criminales.