Casi dos décadas debieron pasar para que lo avanzado en materia de justicia y derechos humanos retroceda hasta consolidar la impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, en tiempos tan difíciles para el país como fue la década de los 90.
Ahora se vuelve a activar el mecanismo que permitió que el destacamento Colina lograra quedar libre de las imputaciones de crímenes contra civiles desarmados en operativos como La Cantuta y Barrios Altos.
Son los mismos argumentos, con otros rostros. Se trata de restar importancia y debilitar la lucha de tantos años desplegada por los familiares de las personas que, en manos de SL o de malos militares y policías, perdieron la vida y aún no encuentran justicia. Se trata de impedir que la reparación que se demanda, y que como sociedad nos podría favorecer, llegue y mitigue el dolor de los deudos. Se trata de restar importancia a pedir perdón y perdonar, una vez que se reconoció el mal realizado, y hay un compromiso general del nunca más.
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Pudimos, como sociedad, dar pasos adelante, avanzar hacia un entendimiento democrático en un país con poca tolerancia al diálogo y con autoridades que violentan también la voluntad popular y la imponen a sangre y fuego, como los crímenes cometidos durante las protestas contra el recién instaurado Gobierno de Dina Boluarte. Pero un Congreso del 6% ha podido imponer su escaso criterio para arrasar con todo lo que resultaba moderno, desarrollado, y nos ha devuelto de un porrazo a 1995. Ha acabado con la estabilidad jurídica, se ha llevado de encuentro el equilibrio económico y ahora se dispone a destruir el sistema de justicia y el poder electoral. Como broche de oro, ensaya el olvido, la desmemoria, para librar, ya no solo a los corruptos, sino a quienes han cometido delitos de lesa humanidad: los crímenes de guerra, el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la segregación. En el mundo desarrollado y democrático, estos crímenes son imprescriptibles y no merecen amnistía. En el Perú, hemos normalizado la barbarie.
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