Inercia y colapso institucional, por Diego García-Sayán
El movimiento social está latente en el Perú. Pero hay que reconocer que está, digamos, ‘con sordina’. La represión de fines del 2022 e inicios del 2023 está en la memoria y dolor de muchos”.
Prácticamente, en todas las encuestas de opinión se expresa la avasalladora impopularidad del régimen. Y por “régimen” entiendo, obviamente, no solo al Gobierno con 86% de desaprobación, sino también al Congreso, “uña y carne” del débil y gris Ejecutivo. Justa y persistente percepción ciudadana en rechazar actos, imagen y hedor desvergonzados de corrupción de esa dupla.
En consecuencia, esta percepción se traduce al menos en tres aspectos medulares conocidos por la mayoría de la gente.
Corrupción, demolición institucional y libertad de expresión
Primero, la creciente, incontenible e impune corrupción. Con poderosas vibraciones que permean Congreso, Ejecutivo y algunos Gobiernos regionales. Pactos de impunidad de esta dimensión no atacaban al Perú desde los tiempos del fujimorato, con Blanca Nélida Colán y el Congreso de ese entonces.
Segundo, la actual aplanadora de demolición institucional. Que si bien no ha logrado meter aún el zarpazo definitivo a la independencia judicial, estuvo a punto de conseguirlo con el intento de demolición de la Junta Nacional de Justicia, frustrado por la reacción de la sociedad democrática. Ahora está apuntando, visiblemente, a minar la independencia del sistema electoral, vía la decapitación del presidente de la justicia electoral, Jorge Luis Salas Arenas. Lo impulsa el “pacto” en el Congreso.
Tercero, la libertad de expresión. Otra vez, acosada por el poder. No por medios iguales a los que usaron Fujimori y Montesinos. Pero sí tolerando actos sistemáticos y reiterados de acoso y vandalismo contra periodistas independientes destacados, como Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. Y con la “investigación” de la Fiscalía a Gorriti apuntando —ilegalmente— a que se revelen sus fuentes de información. Inaceptable en una sociedad democrática.
Y sin que al régimen y en particular al Gobierno, este acoso les recuerde que están obligados a garantizar la libertad de expresión y los derechos de quienes la ejercen.
¿Cómo cayó el fujimorato?
Cabe recordarlo. El fujimorato no cayó por una suerte de ley de gravedad social o porque Fujimori se cansó y decidió fugar. Nada que ver.
Sin duda, la filtración de cierta información medular sobre la corrupción y el escuadrón de la muerte Grupo Colina influyó en el rumbo de las cosas en 1999-2000. Pero hubiera tenido cero consistencia y seguimiento si la sociedad y sus organizaciones no hubiesen estado con las pilas bien puestas, incluyendo la gente en las calles y presencia en —y de— la comunidad internacional.
El movimiento social, los partidos políticos y multitud de organizaciones de la sociedad civil actuaron (1999) pasando a la acción —no esperando milagros—, dentro del país y en el escenario internacional. También lo hicieron los movimientos políticos sobrevivientes a la peste negra de Fujimori y Montesinos. Impulsando protestas sociales y una muy dinámica, creativa e interesante acción en la comunidad internacional, particularmente en el sistema interamericano. Se sentaron precedentes para lo que después se tradujo en la Carta Democrática Interamericana, propuesta del Perú al mundo, ya de regreso a la democracia en el 2001.
Y así el Perú avanzó. Entre otros resultados: la comunidad interamericana, a través de la OEA, obligó al gobierno de Fujimori en 1999 a sentarse en una “mesa de diálogo” con la representación política de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y las Iglesias. En esa “mesa de diálogo” se encauzaron los temas esenciales de la agenda democrática.
Mientras, el movimiento social no se detuvo. Más temprano que tarde, el Gobierno fue quedando aislado. Y colapsó con la fuga de Fujimori al Japón en el 2000. Así terminó ese régimen de corrupción e intolerancia. Resultado de acciones de masas, impulso político y accionar de la comunidad internacional.
… Aquí ¿no pasa nada?
Parafraseando al recordado Humberto Martínez Morosini y su apostilla aquí no pasa nada, cuando el juego en la cancha no iba para atrás ni para adelante, la pregunta es si el Perú no está en algo así. Porque el hecho obvio es que el país, en este 2024, parece adormecido.
Dos claves para salir del fango. Primero, dinamización del movimiento popular. Segundo, accionar y reacción de la comunidad internacional. Ese fue el camino que siguió Guatemala en los últimos meses y así logró dejar atrás su pacto de los corruptos.
El movimiento social está latente en el Perú. Pero hay que reconocer que está, digamos, “con sordina”. La represión de fines del 2022 e inicios del 2023 está en la memoria y dolor de muchos. Especialmente, los 49 muertos a manos de agentes del Estado y la grosera impunidad subsecuente. Eso pesa. Y, junto con ello, las campañas de satanización desde la presidencia del país: “vándalos”, “gente de Evo”, “usaron balas dum-dum”, “terroristas”, etc.
Pero el movimiento democrático no ha recurrido aún a la comunidad internacional. Grave. La aplicación en el Perú de la Carta Democrática Interamericana no parece estar en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil.
Tareas que esperan
En el lado del movimiento social y, particularmente, de ciertas organizaciones de la sociedad civil, es claro que muchas de ellas no están pasando por su etapa estelar.
Por ejemplo, no parece ser el mejor momento en generación de proyectos novedosos de acción frente al colapso institucional. Tampoco parece contarse con estrategias de acción claras ante la corrupción desbordante y el autoritarismo floreciente. O para impulsar el accionar de la comunidad internacional a favor de la democracia y los derechos humanos y contra la corrupción, cuando hay organizaciones diseñadas para ello.
Salir de los “cuarteles de invierno”
Algunas organizaciones parecerían, prácticamente, disueltas o en sus “cuarteles de invierno”. ¿Temor —o “terror”— reverencial ante la posible grita y agravios desde una derecha extremista (la DBA) y a la posible sindicación de caviarismo? Allí, acaso, la eventual explicación de organizaciones establecidas para enfrentar la corrupción o la violación a los derechos humanos que parecerían haber optado hoy por perfiles tan bajos. O hasta por el silencio.
Queda pendiente afinar objetivos inmediatos concretos frente al autoritarismo y la corrupción: ¿Activación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Accionar directo de la comunidad internacional ante políticos o empresarios corruptos (ley Magnitsky)? Cuando no existía la carta, este tipo de organizaciones fueron la clave para involucrar activamente al sistema interamericano en el desmadejamiento del autoritarismo y corrupción de los 90.
Es hora de terminar con la involución en organizaciones y prácticas que fueron cruciales para la democracia. Es la hora de la renovación y la acción.
Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.