¿En manos de quién estamos?, por Rosa María Palacios

La fiscal suprema Delia Espinoza ha iniciado la etapa de investigación preliminar contra la suspendida fiscal Patricia Benavides. Las 93 páginas de su resolución son difíciles de leer, no solo por el lenguaje tedioso y redundante tan propio de estos documentos, sino porque describe lo que es una verdadera tragedia nacional. La corrupción más salvaje se ha apropiado de las instituciones. Una corrupción que no es de alto vuelo por los montos involucrados, sino por lo que se está dispuesto a vender y comprar.

Se le imputan a Patricia Benavides ocho conductas ilícitas. Lo primero y más grave, conformar y liderar una organización criminal con sus asesores, otros fiscales, abogados y agentes externos. Esa organización participa en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad ideológica, encubrimiento real y personal. Los hechos a investigar, además de la misma organización, están relacionados con varios acontecimientos que valen la pena revisitar, después de ocurrir, parte de ellos, a ojos de todos.

Segundo, la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla. Como se viene informando desde el 2022, existe evidencia suficiente del particular interés de Patricia Benavides en el caso de su hermana jueza Enma, investigada por un caso de coimas en la liberación de narcotraficantes. Benavides hizo fraguar un documento que pretendía probar la baja productividad de Revilla. El documento es una estafa a la opinión pública. Lo nuevo es que Benavides, en el estudio Hauyón (que negó haber visitado), contrató al abogado Eduardo Roy Gates para hacer un tour de medios defendiendo su decisión con el falso informe. Eso se llama falsedad ideológica.

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Tercero, el caso del congresista José María Balcázar, quien vendió su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para archivar dos denuncias contra Patricia Benavides, a cambio de que la fiscal que veía un caso de apropiación ilícita en su contra lo archive. Balcázar, exjuez, está investigado por apropiarse de ingresos del Colegio de Abogados de Chiclayo. La fiscal Carmen Miranda ha resistido todas las presiones del asesor Villanueva y del fiscal Ríos, enviado a conminarla. Ella ha dado toda la información del caso. Esto se llama cohecho y tráfico de influencias.

Cuarto, el despliegue de influencias para lograr elegir a un defensor del Pueblo que satisfaga los deseos de Benavides cuando a este le toque presidir la Comisión Especial de nombramiento de los miembros de la JNJ. La obsesión de Benavides tiene explicación. Era consciente de la viabilidad de las investigaciones que la JNJ llevaba en su contra por las tesis falsas y otras barbaridades que fueron apareciendo. Esto se llama delito de tráfico de influencias.

Lo quinto es la inconstitucional inhabilitación de Zoraida Ávalos. El despliegue, igual que el caso anterior, incluye la compra de votos parlamentarios a cambio de la venta de la resolución de archivo de investigaciones que, como recuerda la fiscal Espinoza, solo pueden ser realizadas por la fiscal de la Nación. Aquí Villanueva tramitaba, Benavides firmaba. Decenas de congresistas ‘Niños’ lograron su archivo. El relato fiscal da cuenta de un pacto con Williams, de Avanza País, que garantizaba el voto de la derecha, pero esto incluía no archivar el caso a los ‘Niños’ de Acción Popular. En ese mercado persa, la Fiscalía decide salvar a Ilich López, cuyo voto estaba garantizado.

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Ese es el real nivel del Congreso. ¿Cuántos valiosos minutos del tiempo de la audiencia y del mío me habré dedicado a explicar el artículo 117 de la Constitución hablando sobre los límites a la acusación presidencial por delito? Una cree que puede haber algunos congresistas interesados en la argumentación jurídica. Pero jamás se trató de eso. Nunca hubo causa para perseguir a Ávalos que no fuera el interés particular de Benavides por no tener competencia interna. La investigación arrojará más información sobre el rol de medios y granjas de troles para este fin. Esto también se llama tráfico de influencias y cohecho. Y se necesitan dos para este delito. No solo son la fiscal y su combo. Medio Congreso está involucrado.

Lo sexto es la ilegal e inconstitucional remoción de la JNJ. Digamos que ese es un delito en curso. El Congreso no ha cesado en su desesperado interés en descabezar la institución. Es tal el descaro, la desfachatez, que aun sabiendo que se ha hecho pública la confesión de colaboradores eficaces y del propio Jaime Villanueva, sobre sus delitos, pretenden tapar todo con un ataque enloquecido. ¿Quién está en falta aquí? También se imputa el delito de tráfico de influencias.

Lo séptimo es la suspensión del fiscal Rafael Vela. De acuerdo con la investigación de Delia Espinoza, este es un pedido especial del abogado Hauyón y su amigo Hernán Garrido-Lecca, quien tiene, con otros notorios líderes apristas, una investigación por lavado de activos en el caso de las donaciones de campaña de Odebrecht. La presión la realizó Benavides sobre Fernández Jerí, incluso conminando a su enlace parlamentario a cumplir con lo acordado. Luego de que explotara esta información, Benavides no ha tenido vergüenza alguna en aparecer en un acto público con líderes apristas o contratar a uno para su defensa personal. Eso también se califica como tráfico de influencias.

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Finalmente, (por ahora) se le imputa a Benavides encubrimiento real (desaparecer cosas) y personal para obstaculizar el operativo Valkiria V. Esto comprende la destrucción de documentos y las instrucciones dadas por ella a Jaime Villanueva respecto a la destrucción de su teléfono y su internamiento en la clínica San Pablo. Benavides destituyó la misma noche del operativo a la fiscal Marita Barreto, quien lo conducía. Tremenda torpeza solo puede atribuirse a la desesperación.

Esta no solo es la historia trágica de la caída de una fiscal a quien se le entregó un poder para el cual no tenía preparación ni habilidades (culpa de la propia JNJ). Si ese fuera el caso, una democracia podría curarse pronto y tendría los mecanismos institucionales para hacerlo. Felizmente, Benavides fue lo suficiente torpe para, por ejemplo, subestimar a Delia Espinoza y mandarla, arbitrariamente, al JNE. De ahí ella ha vuelto y se le ha dado la misión de investigarla.

El asunto es mucho más grave si se considera que el órgano de fiscalización de otros poderes del Estado, en un sano sistema de contrapesos, es el Congreso. Y es justamente ahí donde todo está podrido de arriba abajo. Esas son las manos que conducen hoy el país.