(*) Doctora en Estudios de Políticas de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Sussex.
“No hay ni habrá casos, de manera estadística, en las UCI de los hospitales; esta enfermedad [Covid-19] está controlada”. La estrategia que el Gobierno está empleando para atender un incremento importante de casos de Covid-19 es tan poco clara como las declaraciones del primer ministro tras la última sesión del Consejo de Ministros del 2023.
La falta de políticas en las restricciones para actividades y reuniones, pese a un incremento de casi 283% en el número de casos reportados semanalmente en Lima y algunas provincias, a finales del mes pasado, parece ser la ruta a seguir. Pero ¿es suficiente tomar una decisión de tal envergadura basándonos solo en el número de hospitalizaciones e internamientos? ¿Basta con tener suficientes vacunas ambivalentes? No y, lamentablemente, tenemos mucho por aprender cuando se trata de usar y comunicar la evidencia empleada en la toma de decisiones de interés nacional.
La Organización Mundial de la Salud ha nombrado a la subvariante JN.1 (proveniente de la variante ómicron) de interés. No solo hay un número importante de casos al alza, sino que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos es posible que esta sea más transmisible o esté mejor equipada para evadir nuestro sistema inmunológico.
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En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud, en hasta la última semana de diciembre de 2023, ya había identificado doce casos de esta variante. Esta se viene transmitiendo al mismo tiempo que otras infecciones virológicas y bacterianas, las cuales podrían agravarse con las posibles inundaciones que se anticipan debido al fenómeno de El Niño.
Por lo tanto, asumir que el Covid-19 ya no es una preocupación y que, por lo tanto, no necesita de una estrategia clara de prevención y respuesta (más allá de los centros de vacunación), que además sea comunicada a la ciudadanía es, a lo menos, extremadamente contraproducente. Necesitamos en este nuevo año decisiones basadas en evidencia, protocolos claros y comunicación pública asertiva.
Investigadora en el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex. Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Glasgow y es licenciada en Ciencia Política por la PUCP. Su trabajo de investigación gira en torno al rol de la tecnología y la innovación en procesos de transformación sustentables e inclusivos.