El Gobierno del presidente Javier Milei ha optado por la torpe idea de instrumentar un Protocolo Antipiquetes, para criminalizar la protesta social frente a las durísimas medidas económicas que ha tomado su gestión.
Desde el triunfo de Milei en el balotaje, el 19 de noviembre, los precios, especialmente alimentos, medicinas y todos aquellos con componentes importados, se incrementaron aceleradamente. Pero el mayor salto se dio la semana pasada después del anuncio de las primeras medidas del ministro de Economía, Luis Caputto, el secretario de Finanzas que, en tiempo de Macri contrajo la mayor deuda de la historia con el FMI que muchos de sus allegados fugaron al exterior. Es el principal cuello de botella que ahoga hoy a la economía argentina.
Las medidas de Caputto incluyeron una devaluación del 118%, la eliminación de subsidios a las tarifas del gas, electricidad y boletos del transporte público, el fin de la regulación de precios a productos de primera necesidad, reducción de 18 ministerios a 9, entre otras, que indefectiblemente han afectado a la ciudadanía. Los alimentos de primera necesidad y medicinas han tenido aumentos hasta del 100% en pocos días sin que haya ninguna medida compensatoria.
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La primera protesta social en contra de Milei ha tenido lugar en una fecha conmemorativa por la muerte de 39 argentinos que se enfrentaron a las fuerzas policiales cuando el Gobierno del expresidente De la Rúa declaró el estado de sitio después de que se instauró el denominado corralito financiero, que impidió el retiro de los ahorros de los argentinos. La ciudadanía hizo caso omiso del estado de sitio y De la Rúa tuvo que huir en helicóptero de la Casa Rosada. Es probablemente como termine Milei si no tiene empatía con los más afectados por sus medidas.
En un país acostumbrado a expresarse en las calles no solo para protestar (incluida la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reclamaba la libertad y la eliminación de la cuarentena en tiempos de la COVID-19), sino para celebrar sus triunfos y llorar sus tragedias, nada más inoportuno que criminalizar la marcha.
En efecto, se trata de medidas para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación, respecto de las cuales muchas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos han presentado reclamos ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que la administración de La Libertad Avanza busca prohibir la protesta en el país. Estas centrales sindicales consideran que la estrategia de criminalización de la protesta social, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la libertad de expresión y la libertad sindical.
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Lemas como si marchas no cobras o quédate en casa, no puedes hacerlo por la pista, amenazar a los manifestantes a que la Policía irá con cámaras, que se pasará la factura de los costos de la acción policial a los organizadores de las protestas es equivalente a declarar un estado de sitio sin formalizarlo.
Como exguerrillera montonera (“tirabombas a jardines de infantes”, como le decía Milei cuando eran rivales en la contienda presidencial), maneja una lógica represora propia de una dictadura, carente de empatía. No ha tomado en cuenta que esta marcha se hace todos los años, que es siempre pacífica y que en ella ni siquiera han participado todas las organizaciones de movimientos sociales. Tampoco lo han hecho las grandes organizaciones sindicales como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Central General de Trabajadores (CGT), ni el sinnúmero de organizaciones gremiales existentes en ese país que seguramente organizarán protestas después de que Milei anuncie, tan pronto termine esta primera marcha del miércoles 20, las medidas de desregularización de la economía mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Con reprimir la protesta social no lograrán detenerlas y serán responsables de los enfrentamientos con impredecibles consecuencias que ocasionarán si continúan con su accionar dogmático.
Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.