Respeto a la legalidad
Magistrado Manuel Monteagudo solicita nulidad del fallo del TC que liberó a Alberto Fujimori.
El Tribunal Constitucional habría incumplido con normas específicas para convocar a un pleno constituido por 5 de los 6 miembros, que es el que debió adoptarse para autorizar la libertad del expresidente y sentenciado por crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori.
El magistrado Manuel Monteagudo ha presentado un escrito para que, con carácter de urgencia, se ventilen estas irregularidades en el pleno del TC por el daño que se está provocando a la institucionalidad democrática, la cual constituye la base de la legalidad en el país.
Se trata del artículo 5 de la Ley Orgánica del TC, que establece que el quorum de 5 de sus miembros es necesario para convocar al pleno. También hay otra norma violentada —el artículo 43 de la misma Ley Orgánica— al tratar un tema de fondo, como es la libertad del expresidente, cuando se estaba interpretando un tema de forma, como es la materia planteada por la defensa de Fujimori.
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La decisión del TC, observada por el magistrado Monteagudo, se habría dado en una votación de solo 3 miembros sin que constituya el número reglamentario suficiente para convocarse a dicho pleno. No estaban autorizados para pronunciarse sobre un tema de fondo cuando no se trataba de un pleno legalmente convocado. Y adicionalmente el magistrado Gutiérrez Ticse habría adelantado opinión al haber actuado legalmente en favor de una de las partes en controversia en un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr la libertad de Alberto Fujimori.
El TC es el garante de la Constitución y las leyes. Monteagudo señala que urge resolver esta situación, provocada por una decisión adoptada por 3 magistrados que no tenían facultades para resolver el indulto del expresidente.
No se trataría solo de un tema de derechos humanos, sino de proteger una jurisprudencia basada en la previsibilidad que requiere ser garantizada en todas las leyes.
Es fundamental que nuestro Tribunal Constitucional proteja el Estado de derecho y evite sentar precedentes negativos para su cumplimiento en el futuro. Solo la estabilidad de las leyes permite la sobrevivencia del sistema democrático, y es la garantía del funcionamiento de la economía y les da consistencia y valor a las reglas del mercado.
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