El 1 de agosto, la Cancillería peruana publicó una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. No tenía el membrete de la Casa Blanca ni la firma de Biden, ni fue emitido públicamente por ninguna entidad de Estados Unidos, lo cual dio lugar a dudas sobre su autenticidad.
La carta es real, como me lo confirmó un contacto del Departamento de Estado. Dijo que fue una carta “protocolar” para felicitar al Perú por el día de la independencia. Pero la carta de Biden va mas allá de felicitar al Perú y a su presidenta por el motivo de fiestas patrias. Va más allá de invocar valores y aspiraciones compartidos, al afirmar que Estados Unidos y Perú juntos “están promoviendo nuestros valores democráticos, incluyendo los derechos humanos”.
Ello es manifiestamente falso. Bajo el Gobierno de Boluarte, las fuerzas de seguridad son acusadas con credibilidad de la muerte de 49 personas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Boluarte no solo no reconoce el papel de las fuerzas de seguridad en la muerte de estas personas, sino que continúa afirmando que murieron “en enfrentamientos”, cuando existe clara evidencia, documentada por la CIDH y otras organizaciones internacionales, de que murieron abaleadas por las fuerzas de seguridad.
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Las investigaciones sobre los responsables no avanzan. Mientras, Boluarte elogia el actuar de las fuerzas del orden y les entrega bonos especiales. Autoridades que tendrían responsabilidad en las muertes no han sido sancionadas, más bien han sido promocionadas. Alberto Otárola, ministro de defensa cuando ocurrió la masacre de 9 personas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, es ahora primer ministro. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Grl. Manuel Gómez de la Torre Araníbar, quien ha sido un sostén de su gobierno y ha rehusado entregar los planes de operaciones utilizados el 15 de diciembre, ha sido renovado en su puesto un año más.
Para las familias de las 49 víctimas, las palabras de Joe Biden son una afrenta que dan cuartel a quienes parecen decididos a garantizar la impunidad a los responsables de estos graves crímenes. Ignora las preocupaciones expresadas por varios congresistas demócratas sobre las violaciones a los DDHH, sobre demoras en las investigaciones, sobre los ataques a la institucionalidad democrática.
La carta de Biden hace claro que en un mundo en que su poder y relevancia está en cuestión, Estados Unidos está priorizando sus intereses geopolíticos y económicos antes de temas como democracia y DDHH, que se conviertan solo en un saludo a la bandera. Es una postura nefasta. El caso de Guatemala, donde el Gobierno de Biden ha avalado el actuar de un mandatario contrario a la democracia porque ha priorizado otros intereses, lo demuestra. Ahora este mandatario, envalentonado por el apoyo incondicional de Estados Unidos, está haciendo todo para desconocer el resultado del voto popular que lo desfavorece a él y a sus aliados. Ciao, democracia.
Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.