Educación rural ¡Ahora!, por Ernesto Cavassa

En el inicio de este nuevo año escolar es clave recordar su objetivo central: la formación integral de las y los estudiantes para que logren el resultado satisfactorio esperado al final del año. Madres y padres de familia, docentes, equipos directivos, oficinas de soporte gubernamental (UGEL, DRE, Minedu) y otros actores sociales debemos trabajar para ello. La educación, como se suele decir, es tarea de todos, siendo el Estado el responsable principal de que la totalidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a este derecho fundamental.

Debemos reconocer, sin embargo, que nuestros escolares comienzan el año en desigualdad de condiciones para lograr su objetivo. Las deficiencias en infraestructura son clamorosas, como lo reconocen las mismas autoridades del Minedu. Y, aunque no tiene tanto impacto en los medios, se puede decir lo mismo del pésimo equipamiento, de la inadecuada dotación de plazas para docentes, directivos y auxiliares, de la tardía distribución de materiales educativos, de la incapacidad para atender a los más de 8 millones de compatriotas sin certificación de sus estudios básicos, y de un largo etcétera. Investigaciones especializadas han mostrado que el Perú es el único país en donde, en vez de disminuir, se ampliaron las desigualdades en los aprendizajes de los estudiantes.

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En estas condiciones, es necesario priorizar al menos en dos aspectos: el público objetivo y las estrategias de acción. Si deseamos disminuir desigualdades, es preciso orientar la mirada (y el presupuesto) a los más vulnerables. El Perú tiene una inmensa deuda con su población rural y, en particular, con sus estudiantes. Las movilizaciones del sur andino nos lo recuerdan todos los días. ¿No es el momento, por ende, de apostar seriamente por la educación rural? 2 millones de estudiantes de precarias escuelas rurales, incluyendo la Amazonía, esperan una actitud más decidida del Estado y de la sociedad en ese sentido.

Un objetivo central para el 2023 debe ser, por tanto, reinsertar en el sistema educativo a nuestras y nuestros escolares que han dejado de ir al colegio en estos años críticos. Recordemos que, según datos de Unicef, estamos hablando de no menos de 700.000 niñas, niños y adolescentes. Estas desoladoras cifras tienen rostros y son de mujer, de diferentes ruralidades, de lenguas originarias y de culturas ancestrales. Es decir, los postergados de siempre. Este solo hecho los debe colocar en nuestro foco de atención. Por ello, su retorno a la escuela debe ser la prioridad para el Estado y para la sociedad si no queremos hipotecar nuestro futuro.

Al mismo tiempo, hay que acompañar esta opción con una agenda de urgencia que no nos devuelva al 2019, sino que nos proyecte al futuro. La podemos resumir en estos puntos: 1. Replanteamiento de la infraestructura educativa, física y digital, para que esta responda pertinentemente a la realidad cultural y de desarrollo en la comunidad; 2. Reformulación del diseño curricular para reforzar el logro de las competencias básicas en lectoescritura, razonamiento lógico, pensamiento crítico y creativo, habilidades socioemocionales, funciones ejecutivas e investigativas (y en lengua originaria, allí donde corresponda); 3. Formación sistémica de docentes capacitados en pedagogía para contextos de nuevas ruralidades; 4. Articulación de la secundaria técnica y de la básica alternativa con la formación en Cetpro y IEST en vistas a un desarrollo regional sostenible; 5. Exploración de nuevas formas de gestión de IIEE, con base en redes, con equipos pedagógicos trabajando colaborativamente desde un enfoque territorial, intercultural y de ciudadanía plena.

Comencemos por allí. Si lo logramos, el piso de inicio del año escolar 2024 podría estar algo más parejo.