Exceso judicial
Exceso judicial Jueza impone prisión preventiva de 30 meses a acusada de “financiar” movilizaciones.
Haciendo uso de la palabra mediante su idioma natal, Cirilo Jara dijo que era acusado solo por viajar a Lima. “Hemos venido a este pueblo a reclamar”. Es presidente de la comunidad campesina de T’inke, en Quispicanchi, Cusco. Contra él pesaba una acusación fiscal por el delito de organización criminal, financiamiento de las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte y no tener arraigo laboral.
La Corte Penal Nacional donde era juzgado determinó que la Fiscalía no pudo probar ninguno de los cargos. La posesión de 300 soles en poder de Jara no fue suficiente para determinar su pertenencia a una organización criminal ni tampoco el peligro de fuga. Jara podrá continuar su proceso en libertad previo pago de 5.000 soles.
En el caso de la profesora Yaneth Navarro, la falta de arraigo laboral fue uno de los motivos por los que la jueza Margarita Salcedo falló por la prisión preventiva por 30 meses en un penal que el INPE determinará.
La maestra andahuaylina y madre de familia llevaba sus cuentas en un cuaderno. Allí hacía un recuento de pequeñas sumas que recibían los manifestantes para mantenerse en Lima. Todo sumaba 1.900 soles, dinero que constituyó prueba suficiente para la severa pena anticipada. También se ha hecho alusión a su relación de amistad con el expresidente Pedro Castillo.
Los dos detenidos, acusados de ser “financistas” de las movilizaciones, fueron capturados por la policía en Lima los últimos días de enero, durante las protestas que se trasladaron desde el sur del país hasta la capital. Los reclamos de estos ciudadanos se suman a los miles de manifestantes que piden el adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte, el cese del Congreso y la realización de una asamblea constituyente.
Los abogados de ambos casos apelaron la sentencia por arbitraria y exagerada. Criminalizar la protesta, que es efectivamente lo que se ha buscado con este fallo, resulta inadmisible en una democracia y debe ser rechazado decididamente.
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Las movilizaciones contra el Gobierno de Boluarte han dado lugar a actos de vandalismo protagonizados por algunos desadaptados, mientras que por el lado del Estado se han presentado casos documentados de uso excesivo de la fuerza y violencia indiscriminada, que se han materializado en crímenes extrajudiciales que ya están siendo investigados, pese a la renuencia de las autoridades para facilitar la información que permita determinar a los responsables de los asesinatos y la identidad de quien dio la orden de matar a civiles indefensos.
