Congreso aprueba retiro de la CTS

La renuncia de Boluarte, por David Rivera

“Cuanto más tiempo se demoren Boluarte y el Congreso en aceptar las demandas de la ciudadanía, el daño será mayor, y la posibilidad de contrarrestarlo, menor”.

La presidenta Dina Boluarte y su gobierno crearon y alimentaron la crisis en curso. Primero, al pretender quedarse hasta el 2026. Luego, junto con el “liderazgo” de su premier y de la comparsa de ese sector de la derecha experta en parir y alimentar sus propios fantasmas, al hacer crecer la indignación ciudadana, en amplitud y profundidad, gracias a la prepotencia y al autoritarismo con los que abordó la crisis.

Por esa razón, Boluarte y su gobierno son responsables no solo de los muertos a manos de la Policía y las Fuerzas Armadas; son también tan responsable como los propios manifestantes de los fallecidos a causa de los bloqueos.

Porque, desde un principio, la posibilidad de encontrar una salida a la crisis pasaba por una primera decisión: su renuncia, a la que se comprometió en algún momento si Castillo caía. En un escenario así, con el foco de atención puesto sobre el Congreso, más temprano que tarde se hubiesen visto obligados a adelantar las elecciones para el 2023 (como todo parece indicar que será) y a buscar un presidente transitorio de consenso.

Pero prefirió desconocer lo que la mayoría de peruanos demandaba y tomó un camino que solo llevaba a dos posibles escenarios: (i) el que estamos viviendo ahora, con una cada vez mayor parte del país indignado, protestando y pidiendo que se vayan todos; o (ii) que si el gobierno cumplía su fantasía y las protestas retrocedían, la indignación reprimida se expresaría en las próximas elecciones y en un mayor apoyo a una asamblea constituyente como “solución mágica” a nuestros problemas.

Hoy esos dos escenarios están confluyendo en uno. Y conforme pase más tiempo, haya más represión y Boluarte se resista a irse, se consolidará.

Su sola renuncia ya no será suficiente. Como tampoco lo será que el Congreso adelante las elecciones para el 2023, ni que encuentren un candidato de consenso que presida la Mesa Directiva y un gobierno de transición. El efecto de estas decisiones hace dos meses hubiese sido uno; hoy, será otro. El adelanto de elecciones para el 2023 que, al cierre de este artículo, era posible de aprobarse podría atemperar la crisis, pero ya no resolverla.

No se trata de un chantaje de algunos sectores que están aprovechando la coyuntura para impulsar su agenda, como la asamblea constituyente. Es que Boluarte, su gobierno y el Congreso se han encargado de enrostrarle a la gente que no importa lo que piensen y lo que quieren.

Pero a estas alturas ha quedado claro que los manifestantes movilizados con intereses legítimos tuvieron razón desde el inicio: el Congreso ha evidenciado que no pretende hacer las reformas que necesita el sistema político y, por lo tanto, que no hay razón para esperar hasta el 2024 para las elecciones; y que incluso algunos legisladores tenían la fantasía de que era posible mecer a los peruanos y quedarse hasta el 2026.

Aun así, la posibilidad de encontrar una salida a la crisis sigue teniendo como primer paso la renuncia de Boluarte, que el Congreso adelante las elecciones al 2023 y que encuentren un presidente de consenso. O que, si se agudiza la crisis, particularmente en Lima, en un arranque de “lucidez” (interés, ante la evidencia de la realidad), el Congreso decida vacarla y apostar por un presidente de consenso para la Mesa Directiva. ¿Sería la primera vez que la derecha le da la espalda o deja solo a alguien a quien respaldó? Boluarte debería recordar lo que sucedió con Nadine Heredia e, incluso, con el propio Pedro Pablo Kuczynski.

Pero el daño ya está hecho. Ello nos daría solo un oxígeno hasta las próximas elecciones, porque llegaremos a ese momento con un país más polarizado, más dolido, más indignado y más propenso a creer en narrativas radicales. De ahí la necesidad de que la derecha, la izquierda y el centro definan candidaturas que no alimenten la polarización y que permitan encauzar el proceso que nos toque seguir por los canales democráticos.

Cuanto más tiempo se demoren Boluarte y el Congreso en tomar esas decisiones, el daño será mayor, y la posibilidad de contrarrestarlo será menor.