Luego de emitir una opinión en la que enjuiciaban la situación que vive el país, los miembros del Consejo Nacional de Educación fueron separados por la actual gestión, pese a que su designación estaba garantizada hasta el 2026.
Mediante un DS, se dispone el cese de los miembros del Consejo, definido como un organismo consultivo, autónomo e independiente del sector Educación, y que participa con su opinión técnica y especializada en el mejoramiento de la calidad educativa. Según el Minedu, se elegirán nuevos representantes en los próximos diez días.
Esta disposición ha sido cuestionada por el mensaje autoritario que entraña. La democracia no conjuga con prohibiciones ni conculca libertades de expresión, opinión, etc. En este caso, el 23 de enero el saliente CNE emitió un comunicado en el que enjuiciaban la intervención de la policía en la Universidad Mayor de San Marcos y también se sumaban a un conjunto de organizaciones que lamentan el clima de grave enfrentamiento que está sumiendo al país en una espiral de violencia y aspiran a una salida constitucional a la crisis.
Esta calificación y enjuiciamiento fue suficiente para que en una muestra de intolerancia se pusiera fin a la consejería de los expertos y se decidiera su recambio, fuera de las fechas señaladas por la ley para ese recambio. Bajo una argumentación falaz de que “despotrican del Gobierno que les paga” se está lesionando una fuente permanente de innovación y de exigencia para el sector.
Es inadmisible también que se plantee como requisito la obsecuencia para trabajar en el Estado. La educación es una política pública y para opinar sobre ella no se debe guardar ninguna lealtad al Gobierno de turno, porque de lo que se trata es de mejorar la calidad educativa en beneficio de los seis millones de escolares, que son los depositarios de esfuerzo colectivo de padres, maestros y autoridades.
Muy mala la muestra de autoritarismo que este cese ha dejado. Habla pésimo sobre la voluntad de imponer criterios y contar con voces obsecuentes y uniformes en el manejo del Estado.