En defensa de la autonomía universitaria
La universidad Decana de América es intervenida por las fuerzas del orden sin la presencia de fiscales.
Resulta inaceptable lo ocurrido ayer con San Marcos. Intervenir una universidad pública, romper una puerta con la tanqueta y someter a los ocupantes con medidas agraviantes a su dignidad y derechos humanos, como enmarrocarlos en el piso, dejan una sensación de retorno a la dictadura fujimorista y nos envuelve en un clima de autoritarismo y descontrol de las fuerzas del orden, que parecen actuar al margen de la ley y las garantías.
La policía ha dicho en su defensa que fueron solicitados por la Procuraduría de la universidad, que denunció la existencia de violencia en el campus protagonizada por los manifestantes alojados en su interior. La Fiscalía tomó distancia de inmediato y dijo que no participó desde el inicio de la intervención.
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La Defensoría del Pueblo aseguró que ya había logrado ingresar al interior del campus para garantizar la integridad de los detenidos y su derecho a la defensa. Adicionalmente, hizo hincapié en que en un primer momento le fue impedido el acceso a los defensores.
Unánimemente, autoridades del nivel de estudios superiores, docentes, organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que tienen los ojos puestos en el Perú, debido a las denuncias de represión desmedida gubernamental, se pronunciaron contra la ocupación de la casa de estudios, una de las más antiguas de Hispanoamérica, y exigieron plenas garantías para los detenidos y respeto a la autonomía universitaria.
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Los propios profesores y estudiantes de San Marcos pidieron que se separe a la rectora Jeri Gloria Ramón, a quien responsabilizan por el ingreso policial y el desalojo violento con más de 100 detenciones, ocurrido en el campus ayer.
La victoria pírrica contra personas llegadas del interior del país, a quienes se les desconoce sus derechos y se les somete a vejaciones, solo ahonda el abismo social que divide a los peruanos. Con ciudadanos de segunda clase, no se puede mantener un régimen que instaura la violencia como forma de gobierno y que desoye el mandato democrático de la justicia y la paz como fuente de poder. Inaceptable.