Existe una percepción mayoritaria de la población que considera que el presidente Castillo ha incurrido en actos de corrupción. Es un 52% frente al 38% que no cree en estas imputaciones. Sin embargo, su popularidad se mantiene en 25%, cifra similar a la que arrojó la encuesta del IEP para La República, el mes pasado.
La ciudadanía también ha calificado la denuncia formulada por la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y le da credibilidad de forma mayoritaria. El 53% aprueba la actitud del Ministerio Público de denunciar al mandatario por encabezar una presunta organización criminal, entre otros delitos, y un 38% señala que no está de acuerdo.
En relación con la aceptación del Congreso peruano, la variación entre una medición y otra es de 11% en setiembre y 15% en octubre. La desaprobación se ha modificado también y las cifras variaron en 6 puntos porcentuales. De 84% en el mes pasado, a 78% en el actual.
Es decir, poco menos de un tercio en el caso de Pedro Castillo y muy por debajo de esa cifra, en relación con el Congreso, han expresado su apoyo a estos dos poderes del Estado, en permanente pugna por la vacancia por un lado, y el blindaje ante los varios casos de corrupción que se han formulado, por parte del Ejecutivo.
En medio de una crisis política larvada e interminable, no existe ningún poder público que tenga el real liderazgo que se requiere para garantizar una salida por la vía democrática y así superar el impase provocado por la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. La intervención del Ministerio Público y su denuncia constitucional reciben respaldo de más del 50% de la población, aun cuando lo que ha hecho la fiscal Benavides es remitir su denuncia ante el seno del Parlamento para que sea allí en donde se adopte la decisión de continuar el proceso investigador contra el mandatario.
La presencia de la OEA en el país para analizar la situación peruana, luego de tomar contacto con todos los sectores involucrados y proponer una mesa de diálogo para encontrar las salidas democráticas en el marco de una reforma política, podría ser una buena oportunidad para superar la falta de consenso, ante la negativa y el entorpecimiento de soluciones por ambas partes, lo que se hace cada vez más evidente con el paso de los días.