Los blindajes
El Congreso cierra posibilidad de investigación al excontralor Alarcón y se resiste a inhabilitar al exfiscal Chávarry.
Si la percepción ciudadana es cada vez más crítica de la labor que cumple el Congreso, las recientes decisiones adoptadas por el Pleno de ese poder del Estado deben haber elevado aún más las cifras de desaprobación de su gestión.
A menos de una semana de haber blindado al excontralor general de la República Edgar Alarcón, ayer no se obtuvieron los votos suficientes para inhabilitar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por 10 años para el ejercicio de la labor pública.
Contra Alarcón pesaba una acusación fiscal suficientemente severa como para levantarle la inmunidad y garantizar la aplicación de la justicia. Sin embargo, una alianza de partidos políticos liderados por el fujimorismo y sus aliados protegió de ese destino al excontralor Edgar Alarcón, contra quien pesan cargos tan complicados como el de peculado doloso, entre otros.
Ese 25 de mayo no se lograron los 50 votos necesarios para proceder con la denuncia constitucional. Las abstenciones de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú protegieron al exfuncionario público. Al día siguiente, el 26, se concretó el blindaje al no obtenerse los 66 votos necesarios para proceder con la reconsideración. Se lograron solamente 64 votos con algunos sospechosos cambios de última hora de congresistas que el día anterior habían votado a favor de la acusación.
Anoche, el Pleno votó por acusar constitucionalmente al exfiscal Pedro Chávarry. Sobre él pesan cargos sumamente serios de encubrimiento real que lo comprometen con una red mafiosa que operaba en el Poder Judicial a instancias del fujimorismo, conocida como ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo, al momento de ponerse en consideración la inhabilitación por 10 años, no se alcanzaron los 55 votos necesarios y se mandó al archivo el pedido.
Este blindaje que se está ofreciendo a acusados de corrupción vinculados a organizaciones políticas de la oposición deja en evidencia la manipulación grosera de la justicia y la voluntad abierta de proteger la corrupción, siempre y cuando esta corresponda a quienes considera sus aliados.
