Un mensaje proveniente de la plaza Bolívar fue respondido con presteza desde la plaza de Armas, ambos en un tono bajo y sin la virulencia acostumbrada. Las explicaciones sobre la reunión de parlamentarios para discutir las posibilidades de la vacancia, de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fueron respondidas por el primer ministro Aníbal Torres, en igual modo conciliador, con anuncio de retiro de la denuncia de Betssy Chávez y pedido de perdón incluido.
Primer tema de anuncio mutuo: que habrá presentación del gabinete ante el Pleno el próximo 8 de marzo. Todo apunta a una tregua política por lo menos hasta esa fecha, sellada con los abrazos entre grupos políticos, que hasta ayer no coincidían en nada. Hasta ahí, todo bien.
PUEDES VER: ¿Qué posturas tienen las bancadas frente al próximo pedido de confianza del gabinete ministerial?
La razón de fondo podría estribar en que hay una consistente opinión pública medida en encuestas, en la línea de “que se vayan todos”. Hay un fastidio permanente de la calle frente a los poderes políticos, enzarzados en una confrontación polarizante y paralizante que no le hace bien a nadie, excepto a golpistas y vacadores.
Los últimos 7 meses han sido eso. Bloqueos de las iniciativas del Ejecutivo, una agenda propia del Congreso con consignas establecidas por el fujimorismo para debilitar y cercar al Gobierno, mientras los grupos de interés hacen de las suyas en el transporte, educación, derechos ciudadanos, etc. Con el aval de Perú Libre, que apoya contrarreformas y se adhiere a retrocesos.
En la gestión gubernamental hay una suma de desaciertos que alimentan la marcha incoherente y sin estrategia ni plan. Nombramientos inapropiados, zonas oscuras en el manejo del arca pública, poca transparencia en la lucha anticorrupción y un conjunto de desaguisados que la muestran torpe y débil ante la oposición.
¿Es buena la tregua alcanzada? Sí, en la medida en que no se convierta en otra repartija o en un acuerdo para que cada quien tenga su agenda propia, de espaldas al país y a la institucionalidad democrática. Es una oportunidad para poner por delante los intereses públicos: entre ellos una buena elección de miembros del TC o un mejor defensor del Pueblo. El compás de espera será bueno si marca un antes y un después en una crisis política que no se soluciona con “nos quedamos todos”, sino con decir claramente para qué se quedarían.