Ricardo Pérez Luyo (*) Director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima.
En la ciencia política contemporánea se arguye que los Estados eficientes constituyen una fuente muy relevante para la legitimidad de los gobiernos, pues los ciudadanos le vienen reclamando resultados a la democracia. La buena gobernanza y una administración pública profesionalizada son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de nuestras democracias.
¿Cómo lograr altos niveles de eficiencia económica y equidad en entornos estables de institucionalidad democrática? Permítanme exponer dos conceptos que merecerían ser discutidos:
a) Instituciones políticas: el derecho que tenemos los ciudadanos a ser “bien gobernados” es superior al derecho político que tenemos a ser elegidos, y
b) Instituciones económicas: el objetivo de lograr una efectiva y equitativa participación de los ciudadanos (y empresas) en la generación de riqueza y prosperidad (enfoque ex ante), tiene mayor jerarquía moral (y práctica) que buscar una “justa” distribución del ingreso en las sociedades (enfoque ex post).
En el primer concepto buscamos minimizar el “espacio de error” que los ciudadanos rechacen una buena opción de gobierno, o que opten por una alternativa política inadecuada.
En el segundo concepto, afirmamos que es mucho más eficaz y eficiente enfocarnos en la generación inclusiva de la riqueza (incrementando los niveles de productividad laboral e ingresos) que esperar los resultados del coeficiente Gini, para luego realizar ajustes.
Los ciudadanos debemos estar muy alertas sobre la calidad política, profesional y ética sobre quienes nos gobiernan. De otro modo, estaremos poniendo en peligro el ejercicio de nuestras libertades fundamentales, la justa aspiración de pertenecer a una sociedad cada vez más próspera y desprestigiando al régimen democrático representativo liberal.
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