Trump firma orden ejecutiva para reformar elecciones en Estados Unidos: exige ser ciudadano para poder votar
La medida firmada por Trump, titulada “Protección del Derecho al Voto Ciudadano”, busca verificar el estatus legal de quienes solicitan registrarse como votantes, eliminando la participación de no ciudadanos.
- Gobierno de Kast aprueba una alza histórica del combustible en Chile como consecuencia de la guerra en Medio Oriente
- Este es el viaje en tren más largo del mundo que recorre 13 países y dura 21 días por menos de US$1.500 cada trayecto
En una acción que podría transformar el sistema electoral estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que obliga a los votantes a demostrar su ciudadanía para poder sufragar en elecciones federales, estatales y locales. Esta disposición responde a la promesa de reforzar la “integridad electoral” tras su regreso a la Casa Blanca en 2024 y surge mientras el país se alista para las elecciones intermedias, previstas para 2026.
Durante el acto en la Casa Blanca, el republicano defendió la medida como esencial para preservar la democracia. “Solo los ciudadanos estadounidenses deben tener voz en las decisiones de esta nación. Es una cuestión de soberanía y justicia”, declaró el mandatario. La orden, titulada “Protección del Derecho al Voto Ciudadano”, establece nuevas exigencias para los estados, los cuales deberán implementar mecanismos de verificación migratoria antes de validar registros electorales.
TE RECOMENDAMOS
BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
¿Qué alcances tiene la orden firmada por Trump?
La nueva normativa estipula que los gobiernos estatales deberán confirmar el estatus legal de toda persona que solicite registrarse como votante. Aunque la ley federal ya prohíbe el sufragio de no ciudadanos en elecciones presidenciales y legislativas, algunos municipios permiten la participación de residentes extranjeros en procesos locales. La orden ejecutiva de Trump elimina esa posibilidad, estableciendo un criterio uniforme a nivel nacional.
La orden afirma que EE. UU. ha fallado “en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias”. Foto: Voz de América.
El mandatario justificó la medida como una “respuesta a la amenaza de fraudes silenciosos” que, según él, “erosionan la confianza del pueblo”. Afirmó: “Cada voto ilegal anula uno legítimo. Esta acción garantiza que solo los ciudadanos decidan el futuro de Estados Unidos”. En contraste, agrupaciones civiles consideran que esta reforma limita el acceso al voto de comunidades vulnerables, como los latinos y afroamericanos, al exigir documentos que muchas personas no poseen.
¿Qué impacto puede tener en las próximas elecciones en Estados Unidos?
El efecto político podría sentirse con mayor fuerza en estados indecisos como Arizona, Nevada y Georgia, donde el margen entre partidos ha sido mínimo en las últimas contiendas. La implementación de esta política también implicará una fuerte inversión administrativa para revisar millones de registros electorales. Según el secretario de Estado de Michigan, la medida “es impracticable, costosa y podría retrasar el acceso al voto de ciudadanos legítimos”.
¿Enfrenta esta reforma electoral obstáculos legales?
Expertos en derecho constitucional señalan que la orden ejecutiva podría entrar en conflicto con el principio de autonomía estatal para gestionar procesos electorales. “La Constitución asigna a los estados la facultad de organizar sus elecciones. Esta acción federal podría vulnerar esa competencia”, explicó Richard Hasen, profesor de derecho en UCLA. Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentará demandas para frenar su aplicación.
La administración Trump sostiene que cuenta con respaldo jurídico para emitir la orden. El fiscal general, Mark Brnovich, aseguró que la medida “no interfiere con las prerrogativas estatales, sino que fija un estándar mínimo para proteger el derecho al voto”. No obstante, varios gobernadores demócratas expresaron que no acatarán la disposición mientras no se resuelva su constitucionalidad.
