Estados Unidos usará la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar hacia Chile a 3 venezolanos presuntos miembros del Tren de Aragua
La Cancillería de Chile calificó como “unilateral, arbitraria y contraria al derecho internacional” la decisión de Estados Unidos de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, mediante la cual deportó a tres ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua.
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Por primera vez en el siglo XXI, Estados Unidos activó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a tres ciudadanos venezolanos acusados de ser miembros activos del grupo criminal transnacional Tren de Aragua. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva tras considerar que estas personas constituían una amenaza directa a la seguridad nacional, aunque ninguna enfrenta cargos penales formales dentro del país.
La decisión generó alarmas a nivel internacional, particularmente en América Latina, ya que los expulsados serán enviados a Chile, pese a no tener vínculos demostrados con ese país. El gobierno chileno expresó su desacuerdo con la medida y exigió explicaciones formales a Washington. "Chile no puede convertirse en el vertedero migratorio de decisiones unilaterales", declaró tajante la canciller Carolina Tohá.
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Trump aplica ley de 1798 para deportar a extranjeros criminales
La Ley de Enemigos Extranjeros, parte de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, permite al presidente de EE. UU. deportar a ciudadanos extranjeros de países considerados hostiles, sin necesidad de juicio. Aunque diseñada originalmente para conflictos bélicos, la administración Trump reactivó esta herramienta en el contexto de su renovada política de seguridad fronteriza.
"El presidente tiene autoridad total para proteger al pueblo estadounidense", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Mark Whitman. "Estos tres individuos, vinculados con el Tren de Aragua, operaban en redes de extorsión y tráfico humano. Su permanencia en territorio nacional era inaceptable”. La ley había caído en desuso, y no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. El retorno de su aplicación marca un giro drástico en la doctrina migratoria estadounidense, en especial bajo el actual mandato de Trump, quien ha prometido "limpiar el país de elementos criminales extranjeros".
Estados Unidos deportó hacia Chile a 3 venezolanos presuntos miembros del Tren de Aragua
Los tres expulsados no tienen ciudadanía chilena ni residencia legal en ese país, pero según autoridades estadounidenses, se desplazaron a través de territorio chileno en su trayecto hacia el norte. Bajo ese argumento, Washington pretende enviarlos de regreso a la última nación por la que transitaron. La cancillería chilena calificó la medida como "unilateral, arbitraria y contraria al derecho internacional”.
Aunque no se revelaron los nombres de los deportados, fuentes cercanas al caso afirman que poseen antecedentes en El Salvador y Colombia, y habrían estado involucrados en operaciones de narcotráfico. "No existen pruebas judiciales de su actividad criminal en Chile. Este no es un asunto que concierna a nuestro país", afirmó el diputado chileno Jaime Naranjo.
Critican uso de ley de 1798 por violar derechos de migrantes
La utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros reabre el debate sobre el trato a los migrantes y el respeto a los derechos humanos en el marco de políticas de seguridad. Diversas organizaciones cuestionaron la decisión de la Casa Blanca por considerarla desproporcionada y discriminatoria. La activista estadounidense Susan Keller, del Centro Nacional de Derechos de los Inmigrantes, opinó: "Trump está utilizando una ley arcaica para saltarse el debido proceso. Esto crea un precedente muy peligroso no solo para migrantes venezolanos, sino para cualquier extranjero que el gobierno considere ‘indeseable’".
En el mismo sentido, desde El Salvador, país que recibió migrantes expulsados en años anteriores, se teme que esta estrategia se convierta en un patrón regional. Algunos analistas consideran que la medida busca enviar un mensaje político a otros gobiernos y consolidar el discurso de "tolerancia cero" ante redes delictivas transnacionales.
