¿De qué ciudad de Florida es Ron DeSantis, el polémico gobernador que impone fuertes políticas antiinmigratorias?

Ronald Dion DeSantis, más conocido como Ron DeSantis, ocupa el cargo de gobernador de Florida desde 2019. De acuerdo con su biografía oficial, cursó sus estudios en la Universidad de Yale, donde se graduó con distinción y fue capitán del equipo de béisbol.

Posteriormente, obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Harvard, también con honores. Entre 2004 y 2010, prestó servicio en la Marina de los Estados Unidos como oficial del cuerpo jurídico, desempeñándose en misiones tanto en Irak como en la base naval de Guantánamo. Actualmente, DeSantis tiene 46 años, está casado con Casey DeSantis y juntos tienen tres hijos.

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¿De qué ciudad de Florida es Ron DeSantis?

Ron DeSantis pasó gran parte de su infancia y adolescencia en la ciudad de Dunedin, ubicada en el condado de Pinellas, donde vivió desde los seis hasta los 18 años. Esta comunidad, situada a unos 30 minutos al oeste de Tampa, en la costa del Golfo de Florida, fue el escenario de sus primeros logros, destacándose como un talentoso jugador de béisbol en las ligas juveniles locales.

A lo largo de su mandato, Ron DeSantis ha promovido medidas contundentes contra la inmigración ilegal. Según información publicada en el portal oficial del estado, bajo su liderazgo, Florida ha alcanzado el primer lugar a nivel nacional en varios ámbitos: ocupa la primera posición en desempeño económico; ha sido reconocida como líder en educación general durante dos años consecutivos; mantiene el primer puesto en educación superior por ocho años seguidos; y también encabeza el ranking en materia de turismo.

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Ron DeSantis y su fuerte política migratoria

En febrero de 2025, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos nuevas leyes migratorias que refuerzan el control sobre la inmigración ilegal en el estado del sol, en línea con las políticas de la administración de Donald Trump, que rechazan cualquier presencia irregular. Las leyes, denominadas Proyecto de Ley Senatorial 2-C (SB 2-C) y 4-C (SB 4-C), se basan en la SB 1718 previamente promulgada. Estas consisten en:

Ley SB 4-C

Tipifica el ingreso no autorizado al estado de Florida como un delito menor de primer grado, el cual conlleva una sentencia mínima obligatoria de nueve meses en prisión. Si la persona incurre nuevamente en la misma conducta, ya sea en una segunda o tercera ocasión, la infracción se convierte en un delito grave de tercer grado, con penas mínimas que van desde un año hasta dos años de cárcel.

Ley SB 2-C

Fue diseñada como complemento de la anterior, al establecer mecanismos y programas destinados a fortalecer la ejecución de las normativas migratorias. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:

• La prohibición de otorgar licencias de conducir o identificaciones oficiales a personas en situación migratoria irregular, y la invalidez de aquellas licencias emitidas en otros estados bajo esas condiciones.
• La creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, junto con un Programa de Subvenciones para la Aplicación de la Ley a Nivel Local, que busca supervisar el cumplimiento de la normativa y proporcionar recursos a las agencias locales encargadas de hacerla cumplir.
• La introducción de nuevos requisitos en el sistema de educación superior pública del estado, que limitan el acceso a exenciones de matrícula únicamente a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

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DeSantis propone pena de muerte para migrantes indocumentados que cometan estos delitos

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley HB 3C, los inmigrantes indocumentados en el estado de Florida podrían ser condenados a la pena de muerte si son hallados culpables de ciertos delitos considerados entre los más graves por el sistema judicial. Entre los crímenes que podrían acarrear esta sanción se incluyen:

• Asesinato premeditado (homicidio en primer grado)
• Homicidio cometido durante la realización de otro delito grave, como robo, secuestro o agresión sexual
• Abuso sexual de menores menores de 12 años
• Asesinato de agentes del orden público o funcionarios gubernamentales