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Mucho cuidado, inmigrante en EEUU: el proyecto de ley de este estado aumentaría las redadas de ICE

Nuevo proyecto de ley en Texas genera preocupación en comunidades inmigrantes por su potencial aumento de redadas de ICE.

Nuevo proyecto de ley en Texas podría aumentar las redadas de ICE
Nuevo proyecto de ley en Texas podría aumentar las redadas de ICE | Composición LR

Un proyecto de ley en Texas ha generado alarma entre las comunidades inmigrantes debido a que podría intensificar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado. La iniciativa busca formalizar y obligar a los alguaciles locales a colaborar estrechamente con ICE, lo que podría traducirse en un aumento significativo de operativos para detener y deportar a personas indocumentadas.

Esta medida, conocida como SB 8, avanza rápidamente en el Senado estatal y propone establecer lineamientos claros que obligarían a las autoridades locales a actuar como agentes de inmigración bajo acuerdos formales con el gobierno federal. La legislación ha sido criticada por grupos de derechos humanos y organizaciones comunitarias, que advierten sobre el impacto negativo en la confianza y seguridad de las comunidades inmigrantes.

¿Por qué este proyecto de ley aumentaría las redadas de ICE?

  • Según el legislador patrocinador David Spiller, la ley busca garantizar que los delincuentes peligrosos no queden libres, fortaleciendo la colaboración entre alguaciles locales y ICE para aumentar la efectividad en arrestos y deportaciones.
  • Según un informe oficial, la ley autoriza al fiscal general de Texas a demandar a los alguaciles que no cumplan con los acuerdos de cooperación, asegurando así una participación activa y obligatoria en las operaciones migratorias.

¿Cuáles son los puntos más importantes de esta ley?

Según fuentes oficiales, la ley SB 8 contempla medidas que buscan estandarizar la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria, además de incluir incentivos y sanciones para garantizar su cumplimiento. A continuación, se destacan los aspectos clave:

  • Obligación para todos los condados con cárceles de firmar acuerdos formales con ICE.
  • Establecimiento de un programa estatal de subvenciones para cubrir costos de implementación.
  • Mecanismos de rendición de cuentas para supervisar la cooperación entre alguaciles y ICE.
  • Autorización para que el fiscal general presente demandas contra alguaciles incumplidores.
  • Entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026.

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