Buenas noticas para inmigrantes en EEUU: condado de este importante estado prohíbe a la policía cualquier colaboración con ICE
Una nueva medida aprobada en este estado, impide a la policía de un reconocido condado contactar a ICE, incluso ante delitos graves como terrorismo o trata de personas.
En una decisión polémica, la Junta del Condado de Arlington, Virginia, aprobó una medida que prohíbe que la policía colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en circunstancias vinculadas al terrorismo, grupos delictivos o tráfico de personas. La resolución representa un cambio radical en la política migratoria local y ha provocado reacciones divididas entre los funcionarios y los ciudadanos.
La acción actualiza la Política de Fideicomiso establecida en 2022, con el propósito de garantizar que los habitantes, independientemente de su condición migratoria, pudieran relacionarse con las autoridades locales sin miedo. Sin embargo, el cambio ha activado alertas entre aquellos que consideran que podría comprometer la seguridad ciudadana.
¿Qué cambios específicos hizo la Junta del Condado de Arlington en su política de cooperación con ICE?
Con la votación de esta semana, la Junta del Condado optó por suprimir secciones fundamentales de su Política de Fideicomiso, en particular las que autorizaban a la policía a entrar en contacto con ICE en casos de inmigrantes indocumentados involucrados en crímenes como el terrorismo, el pandillerismo o el tráfico de personas. Previo a esta modificación, el Departamento de Policía del Condado de Arlington contaba con el permiso para informar a las autoridades migratorias si un detenido era reconocido como integrante de una pandilla o había sido arrestado por crímenes serios.
La actualización elimina por completo esa comunicación, lo que implica que, en términos prácticos, la policía local ya no podrá cooperar con ICE en ninguna de estas situaciones. De acuerdo con Takis Karantonis, el presidente de la Junta, la decisión se adoptó en respuesta a la "erosión del derecho constitucional al debido proceso" realizada por el gobierno federal, con la finalidad de disminuir el temor en las comunidades inmigrantes.
¿Cuál es la opinión del fiscal general de Virginia sobre esta política?
Jason Miyares, el fiscal general del estado, ha sido uno de los críticos más severos de la reciente medida. En declaraciones a medios locales, alertó que la resolución “solo beneficia a los inmigrantes ilegales que han cometido algunos de los actos más atroces”, como el tráfico de personas o acciones de terrorismo. Para él, impedir que la policía local colabore con ICE no simboliza compasión, sino “una negligencia grave”.
Miyares sostuvo que la política no solo debilita la seguridad ciudadana, sino que también despoja a los ciudadanos de su confianza. De acuerdo con su perspectiva, este tipo de limitaciones obstaculiza la implementación de acciones eficaces contra personas peligrosas, fortalece a los criminales y amenaza a la comunidad. El gobernador Glenn Youngkin y representantes federales del Departamento de Seguridad Nacional han respaldado su punto de vista.
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