
El Indecopi advirtió que las entidades públicas no deben exigir a los pensionistas o beneficiarios un certificado o constancia de supervivencia para acceder a sus pensiones u otras prestaciones económicas del Estado. La entidad considera que solicitar este documento podría constituir una barrera burocrática ilegal.
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas recordó que esta exigencia está restringida por el Decreto Legislativo N.° 1246, que impide a las instituciones estatales pedir documentos destinados a comprobar que una persona continúa con vida. La verificación corresponde a cada entidad mediante mecanismos propios o utilizando información oficial disponible.
De acuerdo con la información difundida por el Indecopi, la prohibición alcanza tanto los trámites realizados antes de recibir una prestación como los procedimientos vinculados con el pago periódico de pensiones y otros beneficios económicos. Por ello, los pensionistas y beneficiarios no deberían tener que presentar documentos adicionales para acreditar su supervivencia ante las instituciones responsables de sus pagos.
La normativa establece que comprobar esta condición es responsabilidad de la propia entidad pública. Para realizar esa verificación, las instituciones pueden contrastar sus padrones con las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), o recurrir a mecanismos internos que permitan validar la información correspondiente sin trasladar esta obligación al ciudadano.
Ante posibles incumplimientos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas anunció que realizará supervisiones de oficio a nivel nacional. Estas acciones tendrán como objetivo comprobar que las entidades de la administración pública respeten las disposiciones relacionadas con la presentación de certificados o constancias de supervivencia.
El Indecopi señaló que las supervisiones también buscan promover que las instituciones eliminen voluntariamente esta exigencia cuando corresponda. La medida apunta a evitar que adultos mayores y pensionistas tengan que realizar desplazamientos o asumir gastos para obtener documentos que, según la normativa mencionada por la entidad, deben ser verificados directamente por las instituciones públicas.





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