El último viernes 15 de julio, con 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final del caso Sarratea que realizó la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo.
Entre las investigaciones que realizaron se encuentran los casos de la Casa Sarratea y SBN, Puente Tarata III e injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas, injerencias ante el superintendente de la Sunat y el hallazgo de los US$ 20.000 en Palacio de Gobierno.
Las bancadas que respaldaron el documento del grupo de trabajo liderado por Héctor Ventura fueron Fuerza Popular, Acción Popular —la titular del Congreso, María del Carmen Alva, votó a favor—, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. A esta lista se sumaron los congresistas no agrupados como Carlos Anderson, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga.
Ante este escenario, ¿qué proceso seguirá tras su aprobación?
Entre una de las recomendaciones que se lee en el documento elaborado por la Comisión de Fiscalización propone que la Comisión Permanente del Congreso formule la acusación constitucional ante la representación nacional contra Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Además, otra sugerencia que realizan es el hecho de que sea remita a la “Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) las denuncias establecidas en el presente informe por ser el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia”.
Comisión de Fiscalización recomienda remitir el informe a la SAC. Foto: documento
De esta manera, la SAC deberá comenzar una investigación sumaria para que esta pueda llegar a la Comisión Permanente y así lleguen a acusar al jefe de Estado ante el Pleno en la próxima legislatura.
Ante esta circunstancia, las consecuencias o sanciones que podría recaer contra el mandatario son la suspensión de seguir ejerciendo el cargo, la destitución o inhabilitarlo, según están establecidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución del Perú.
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El oficio de la comisión que lidera Ventura señala que también se envíe la información a la Fiscalía de la Nación con el objetivo de que inicie las investigaciones correspondientes contra el presidente Pedro Castillo, así como a las personas que resulten responsables de los presuntos delitos mencionados.
También recomendó a la Comisión Permanente que se formule una acusación constitucional contra el extitular de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia, así como al exministro Juan Carrasco Millones.
Entre las principales conclusiones del caso Sarratea se menciona que el presidente Pedro Castillo tuvo reuniones extraoficiales con “exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública”.
Conclusiones del caso Sarratea. Foto: documento.