“Gabinete en las Sombra”: Fiscalía acreditó fraude en licitaciones

Ante la presencia de los financistas de la campaña del presidente Pedro Castillo, Salatiel Marrufo y Abel Cabrera, y del exasesor palaciego Biberto Castillo, acusados de pertenecer al “gabinete en la sombra”, la Fiscalía sustentó las razones por las que ha requerido prisión preventiva por 36 meses para los denunciados.

En el caso de Marrufo y Cabrera, el fiscal Villanueva acreditó que estos fueron parte de una organización criminal que copó con funcionarios de su confianza el Ministerio de Vivienda para digitar obras públicas en su propio beneficio o de empresarios involucrados.

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“Abel Cabrera reconoció que recomendó al presidente Castillo a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda y luego Alvarado nombró como jefe del gabinete de asesores a Marrufo. Desde los cargos que ostentaban, Alvarado y Marrufo gestaron el decreto de urgencia 102-2021 para financiar los proyectos que serían direccionados”, el fiscal Henry Villanueva, citando declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos.

La medida requerida también alcanza a otro financista de Pedro Castillo, dueño de la casa de la calle Sarratea, su paisano Segundo Sánchez Sánchez, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia.

Para los exasesores Eder Vitón, Auner Vásquez y Henry Shimabukuro, quienes fueron detenidos el 11 de octubre, la Fiscalía pidió comparecencia con restricciones, al igual que para el exasesor presidencial Beder Camacho.

Durante la audiencia dirigida por el juez Víctor Zúñiga, el fiscal acreditó que el 20 de agosto, con conocimiento del presidente Castillo y del exministro de Vivienda, los financistas del jefe del Estado se reunieron clandestinamente con funcionarios del mencionado ministerio para recibir información reservada sobre las obras públicas del programa Perú en Marcha.

“Después de esa reunión los investigados presionaron para que se incluyeran proyectos en los que tenían interés particular y que luego fueron aprobados por el DU 102-2021, por lo que está demostrada la correlación de los hechos”, precisó el fiscal Villanueva.

También citó la confesión del empresario Hugo Espino Lucana, quien señaló que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, financista y amigo del presidente Castillo, le confió que el “gabinete en la sombra” direccionaba las obras del Ministerio de Vivienda.

La defensa de los imputados cuestionó que la Fiscalía no relacionara los hechos con los delitos de organización criminal y tráfico de influencias que se le atribuye a sus clientes.

El juez Víctor Zúñiga reconoció cierto desorden en la sustentación de los elementos de convicción por parte de la Fiscalía, pero también señaló que sí se habían fundamentado suficientemente los hechos.

Como parte de la comprobación de la vinculación entre los investigados, el fiscal Villanueva citó las comunicaciones telefónicas entre los implicados, lo que denotaba la existencia de coordinaciones típicas de una organización criminal.

Por la complejidad del caso, y la cantidad de evidencia, el juez postergó para hoy la audiencia.