Acuerdos firmados por el Estado no se cumplen, solo tienen avances
Realidad. No existe un acta cuyos pactos se hayan ejecutado al cien por ciento. Se trata de un documento que no genera obligación legal al Estado. Defensoría del Pueblo propone crear la Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos.
El incumplimiento de acuerdos por parte del Estado y de las empresas con las comunidades indígenas y campesinas continúa siendo motivo del reinicio de conflictos cada vez más violentos, como está ocurriendo en el Corredor Minero del Sur y en la Amazonía.
Según el reporte Willaqniki, de la PCM, correspondiente a diciembre 2019, en el periodo 2010-2019 se registraron 6.876 compromisos. Alrededor del 50% estaba pendiente de cumplimiento.
Hoy la situación no es distinta. Verónica Shibuya, coordinadora en Loreto del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), refiere que en la plataforma de las cuatro cuencas no se ha honrado al cien por ciento el acta de consulta previa sobre el Lote 192, suscrito en agosto del 2021. Agrega las actas firmadas con los pobladores de Cuninico a raíz del derrame de petróleo ocurrido en setiembre último, y con la población de San José de Saramuro.
“Todas las actas tienen un gran porcentaje de incumplimiento, no hay un cumplimiento al cien por ciento”, anota.
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Respecto al conflicto en Cuninico, Verónica Shibuya entiende que el accidente en el aeropuerto Jorge Chávez haya impedido el arribo de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, cree que pudieron reunirse de manera virtual con los dirigentes y no postergar el encuentro hasta el 15 de diciembre, mientras la población sigue sin agua, sin poder pescar, con enfermos y tres fallecidos.
Nueva estrategia
José Fachín, de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Extractiva, menciona que ellos han decidido no firmar actas porque no generan obligación al Estado. Optaron por hacer uso de la ley y así han logrado resoluciones como la 205-2019-PCM, que reconoce dos agendas: todo lo que es hidrocarburos y el plan de vida pospetróleo.
Además, la resolución 139-2019 que garantiza servicios básicos, como forma de compensación a las comunidades asentadas en el circuito petrolero, con un presupuesto respaldado por el Decreto Supremo 145-2020.
“Los 6.200 millones irán a un fideicomiso que se implementará en enero del 2023″, explica.
Y aclara que están pendientes el estudio técnico del Oleoducto Norperuano, la comisión de la verdad para investigar los derrames, la servidumbre de uso de sus tierras, modificación del canon petrolero, remediación en las 4 cuencas y otros.
“Solo hemos avanzado dos puntos: la revisión y modificación del contrato petrolero para garantizar el 2,5% de los barriles fiscalizados de todos los lotes, y el tema de derechos básicos”, precisa José Fachín.
En el corredor minero
Flavio Huanqque, coordinador de 11 comunidades de la provincia cusqueña de Espinar, informa que con el Estado tienen tres agendas: consulta previa, plan de reparaciones y fondo de emergencia social. Indica que le han sumado el canon comunal.
Sobre el plan de reparaciones, dice que saldrá una nueva resolución para la identificación y cuantificación de personas que serán indemnizadas. En cuanto al fondo de emergencia social, indica que está en etapa de recopilación de proyectos en las comunidades. Y anota que la consulta previa se ha entrampado, porque la reunión del 10 de noviembre fue suspendida en razón de que los representantes del Estado llegaron tarde y sin anuncios para los espinarenses.
“Las tres agendas están en el acta del 18 de noviembre del 2019. Desde esa fecha se ha avanzado un 50% o quizás menos”, sostiene Flavio Huanqque.
Mientras que en Challhuahuacho, el presidente del Frente de Defensa, Lucio Puma, manifiesta que en la reunión del 18 y 19 de abril del 2022 con el expremier Aníbal Torres y siete ministros, para hacer seguimiento al acta del 9 y 10 de diciembre del 2021, se dieron otros 26 compromisos. Entre ellos, la construcción de un hospital, electrificación rural, proyectos de riego, puentes, cobertura de internet.
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“Luego de siete meses, todo sigue igual a pesar de que después nos reunimos con Dina Boluarte. Ya estamos cansados, nada se resuelve. Esta semana vamos a retomar la protesta en el corredor minero”, advierte Lucio Puma.
Y Yaneth Silva, presidenta de la Federación de Mujeres de Challhuahuacho, añade que tienen actas firmadas en el 2015. “En siete años ha habido diálogos y compromisos, pero solo recibimos engaños, como las cuatro represas para el agro que se iban a hacer el año pasado. Hoy la sequía nos encuentra sin agua”, lamenta Yaneth Silva.
Los conflictos sociales seguirán siendo tratados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta vez, los dirigentes ya no se reunirán con Aníbal Torres sino con Betssy Chávez, aunque el expremier continuará junto con Chávez como su asesor.
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Corredor minero sur
Acta de abril 2022. Aníbal Torres y siete ministros firmaron 26 compromisos con Challhuahuacho.
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Amazonía, circuito petrolero
Pueblos indígenas de Loreto son los que más actas han firmado. Su lejanía invisibiliza sus problemas.
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Se necesita supervisar su cumplimiento
Enfoque: por Rolando Luque, Defensoría del Pueblo
Estamos ante un hecho particularmente muy delicado. Qué ha señalado la Defensoría del Pueblo al respecto. Primero que el acta es un documento político que necesita ser convertido en un documento administrativo que forme parte de los procesos de gestión pública dentro del Estado. Es decir, el acta con acuerdos tiene que ser impulsada por la obligatoriedad de cumplirlos y no por la voluntad política únicamente.
La Defensoría del Pueblo ha propuesto la creación de una Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos. Para ello, desde hace tres años, le ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de un presupuesto, y lo ha reiterado este año.
Lo que la Defensoría busca es la mejor gestión del Gobierno, indicándole cada mes a través de un reporte cuál es el estado de los acuerdos: se han cumplido, están en proceso, no se han cumplido, el plazo que queda, a quién le corresponde cumplir. Para el Gobierno sería de utilidad tener esta información clasificada en una base de datos y con un mecanismo de acceso público a la información.
Los ciudadanos de Chumbivilcas, de Cotabambas o del Datem del Marañón podrían entrar directamente a la página web de la Defensoría y enterarse de cuál es el estado de los acuerdos que firmaron junto con el Estado y las empresas. Eso hace más transparente y acerca más a los ciudadanos al Estado. A veces, las movilizaciones vuelven solamente por desconocimiento de cuál es la situación del acta que firmaron.
