
Estados Unidos difundió un comunicado conjunto a nombre de los países integrantes del “Escudo de las Américas”, entre los que figura el Perú, para expresar su respaldo a las recientes acciones policiales y judiciales realizadas en Bolivia contra altos funcionarios implicados en redes de narcotráfico y corrupción.
“Las recientes acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico envían un mensaje poderoso: el Gobierno democráticamente elegido de Bolivia y los demás países parte del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue”, señala el comunicado oficial.
Comunicado oficial de
En el texto emitido por la Oficina del Portavoz estadounidense, los quince Gobiernos del bloque felicitaron al Ejecutivo boliviano por sus recientes operativos contra el crimen organizado.
“Los Gobiernos participantes en el Escudo de las Américas aplauden al Gobierno de Bolivia por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas a los facilitadores”, señala el comunicado oficial.
El pronunciamiento se da como resultado de la incorporación del Perú a este bloque regional, anunciada el pasado diez de septiembre por la presidenta Keiko Fujimori tras una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En dicho encuentro, la mandataria informó la cooperación norteamericana frente al fenómeno de El Niño y la llegada del buque hospital USNS Comfort al norte del país.
“Entrar al 'Escudo de las Américas' nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, obtener información de manera más rápida”, manifestó Fujimori.
Pese a la trascendencia de la decisión, la integración del Perú al “Escudo de las Américas” no fue debatida ni votada en el Pleno del Congreso, a pesar de las demandas de las parlamentarias Ruth Luque y Mirtha Vásquez, de la bancada Ahora Nación.
Por ello, ante la publicación oficial, la congresista Ruth Luque cuestionó que el Ejecutivo comprometa la política exterior del país sin contar con el control y fiscalización del Poder Legislativo.
“Cuando promoví la moción para que el canciller explicara ante el Senado qué significaba incorporar al Perú al 'Escudo de las Américas', advertí que la decisión de la Sra. Fujimori afectaba nuestra política exterior. El ministro Espá sostuvo que se trataba de una iniciativa política, sin obligaciones vinculantes. Hoy el Perú aparece suscribiendo, como integrante del Escudo, un pronunciamiento conjunto sobre hechos ocurridos en Bolivia”, señaló la legisladora por medio de redes sociales.
Asimismo, Luque sostuvo que las explicaciones brindadas por la Cancillería ante el Senado resultaron insuficientes y planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados evalúe mecanismos de control político frente al ministro de Relaciones Exteriores.
“Las explicaciones dadas al Senado sobre el Escudo de las Américas resultaron claramente insuficientes. Corresponde que desde la Cámara de Diputados evalúen una interpelación al canciller. Comprometer la posición internacional del Perú no puede significar excluir al Congreso del control político y constitucional que le corresponde”, concluyó.
Este pronunciamiento de EE. UU., se produce tras la detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ocurrida la noche del pasado miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz.
El operativo, que incluyó la intervención de la Fiscalía y dejó un saldo de 14 detenidos, entre ellos cuatro altos funcionarios, responde a investigaciones por delincuencia organizada, blanqueo de capitales y narcotráfico.
Junto a Mariaca fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz; ambos fueron conducidos a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para rendir sus declaraciones.
La captura tuvo lugar apenas 48 horas después de que el Gobierno de Estados Unidos le revocara la visa a Mariaca, acusándolo de aceptar sobornos para impunidad a criminales peligrosos. Mariaca rechazó las acusaciones alegando que se trata de una persecución política e injerencia extranjera motivada por sus investigaciones, entre las que destaca el caso contra el consultor argentino Fernando Cerimedo.
Por su parte, el Gobierno boliviano consideró graves las acusaciones y solicitó a Washington la información correspondiente para iniciar las indagaciones en el país.






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