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Ministerio Público abre investigación al fiscal Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el proceso contra Martín Vizcarra

La decisión dispone investigar por 60 días al fiscal Germán Juárez Atoche por presunto abuso de autoridad, fraude procesal, falsedad genérica y encubrimiento personal agravado. Como parte del proceso, el expresidente Martín Vizcarra declarará en sesión virtual el próximo 6 de octubre.

Ministerio Público abre investigación al fiscal Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el proceso contra Martín Vizcarra.
Ministerio Público abre investigación al fiscal Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el proceso contra Martín Vizcarra. | Composición/LR

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el fiscal provincial Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el trámite del proceso seguido contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso del Hospital Regional de Moquegua.

La medida fue dispuesta por la Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima tras la denuncia interpuesta por el exmandatario.

De acuerdo con la resolución fiscal, las pesquisas comprenden la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal agravado, fraude procesal y falsedad genérica.

Resolución fiscal que abre 60 días de investigación contra el fiscal Juárez Atoche por presunto abuso de autoridad, fraude procesal y encubrimiento.

La imputación sostiene que Juárez Atoche, en su condición de magistrado del Equipo Especial, habría cambiado el delito atribuido al exministro y colaborador eficaz José Manuel Hernández Calderón —pasándolo de colusión agravada a colusión simple—, lo cual provocó que los cargos prescribieran a su favor.

"El fiscal denunciado recalificó los hechos de colusión agravada a colusión simple [...] con pleno conocimiento de que dicha adecuación conllevaba a la prescripción de la acción penal contra el citado procesado Hernández Calderón, y, en consecuencia, al archivo definitivo de la investigación respecto a dicho imputado", detalla el documento oficial.

Trato desigual

La resolución indica que el fiscal aplicó un criterio contradictorio para un mismo caso. Mientras a Hernández Calderón se le archivó la investigación por colusión, el fiscal mantuvo activa la acusación penal contra Vizcarra, por cohecho pasivo propio, hasta llevarlo a etapa de juicio.

Para la Fiscalía Superior, esta diferencia de trato no contó con una justificación objetiva o nuevos elementos, lo que habría resultado en una actuación arbitraria.

Asimismo, la Fiscalía lo investiga por fraude procesal al considerar que ocultó información al juzgado al no informarle que usaba la misma versión de los hechos para acusar a Vizcarra, mientras el caso de Hernández Calderón se archivaba.

Citaciones y diligencias en curso

Como parte de las diligencias programadas, la Fiscalía citó al expresidente para que rinda su declaración virtual el próximo 6 de octubre a las 10.00 de la mañana.

Posteriormente, la Fiscalía tomará la declaración de los procuradores del Ministerio Público y del Poder Judicial para evaluar los posibles daños al Estado.

Por su parte, el fiscal investigado deberá responder ante el despacho superior el 20 de octubre, diligencia que también se llevará a cabo de manera virtual en compañía de su abogado defensor.

Además, la Fiscalía Superior ha requerido al juzgado correspondiente y a la Oficina de Registro de Fiscales las copias digitales de las resoluciones, carpetas fiscales y datos de contacto necesarios para el avance de las investigaciones preliminares.

Antecedentes del caso Hospital de Moquegua

Este caso se remonta a los años 2013 y 2014, durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua.

Según la hipótesis fiscal, Vizcarra habría solicitado un pago ilícito de 1.3 millones de soles a las empresas del Consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e INCOT) a cambio de otorgarles la buena pro y no poner trabas a la firma del contrato para la construcción del Hospital Regional.

En ese acuerdo, el exministro José Manuel Hernández cumplió el rol de intermediario: fue la persona encargada de llevar el pedido de dinero de Vizcarra a los empresarios y de regresar con la confirmación del pago.

Tiempo después, Hernández decidió convertirse en "colaborador eficaz", reconociendo los hechos y entregando información a la justicia para recibir una pena menor.

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