Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), aprobada por insistencia por el Congreso de la República, pone en peligro a la sociedad peruana, según Rosa María Palacios.
La abogada recalcó que el monopolio de la fuerza lo posee el Estado peruano a través de instituciones a las que la Constitución reconoce ese poder como tal; es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Los ciudadanos, por otro lado, tienen el derecho a la legítima defensa, lo cual está especificado en el Código Penal.
No obstante, explicó que también existen instituciones que ayudan a la PNP y a las FF. AA. a mantener el orden social, como el Serenazgo o las rondas campesinas. Ambas tienen tareas de vigilancia, pero no poseen armas letales.
Ante ello, comentó que los Comités de Autodefensa fueron creados en 1991. Este grupo de personas —continuó— eran entrenadas por el Ejército del Perú para que pudieran defenderse contra Sendero Luminoso. Luego de la derrota del movimiento terrorista, Palacios sostuvo que esta agrupación fue reducida a la zona del Vraem.
El Congreso del periodo 2020-2021 ejecutó un proyecto de ley para resucitar a los Comités de Autodefensa. La iniciativa, que tenía diversos defectos, fue observada por el entonces presidente Francisco Sagasti. El Parlamento no insistió y la norma pasó al archivo. Sin embargo, la institución dirigida hoy por María del Carmen Alva ha decidido aprobar el PL por insistencia y con un procedimiento irregular, advirtió RMP.
“Es la puerta abierta para, desde el Estado, armar organizaciones paramilitares (...) Es un peligro lo que están haciendo. Los invito a leer la ley (...) Manifiestamente inconstitucional en forma y fondo. La pueden derogar esta semana; si no hay que plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que esta barbaridad se derogue en el acto”, aclaró.
Rosa María Palacios se refirió a la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas. El relevo de Pablo Sánchez (como una de sus primeras tareas como titular del Ministerio Público) tendrá que revisar las declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, sobre el caso Puente Tarata III.
Tras la designación de Benavides Vargas, lo que más ha llamado la atención, según Palacios, ha sido la reacción del ministro del Interior, Dimitri Senmache, y de Justicia, Félix Chero.
“Saludo la elección de Liz Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación. Desde el Minjus, seguiremos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía de la Nación en la reforma del sistema de administración de justicia para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, escribió el titular del Minjus en su cuenta de Twitter.
A su turno, Senmache solicitó que le conceda a su cartera “pronto una reunión de coordinación para mejorar las acciones que desde la Policía Nacional del Perú viene implementando el Ministerio del Interior”.
“Los que están con yaya son los primeros en saltar con el saludo, un poco extraño”, apuntó la letrada, quien recordó que la Fiscalía de la Nación investiga a Castillo Terrones por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), junto con el hoy prófugo de la justicia Juan Silva, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y los sobrinos del mandatario Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
Aunque el jefe de Estado no puede ser acusado durante su mandato, la conductora de “Sin guion” detalló que sí puede ser investigado, por lo que la tarea de la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas, será determinar cuáles serán las nuevas disposiciones contra Pedro Castillo.