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Opinión

Gobernando para el crimen, por Rafael Belaúnde Llosa

Es importante que en el Perú exista espacio para todos quienes quieren participar de la minería; para el mediano y grande, pero también para el pequeño y artesanal

Rafael Belaunde Llosa
Rafael Belaunde Llosa

El Perú es un país ancestralmente minero. Todas las civilizaciones que dominaron el territorio que hoy es el Perú, desde Chavín hacia adelante, conocieron y desarrollaron la minería. Es que, el Perú, con 1,285,215 km2 de superficie, apenas el 0.252 % de la superficie del planeta, concentra una enorme riqueza minera, que nos pone entre los principales productores de Cobre, Oro, Plata, Zinc, entre otros.

Poner en valor ese potencial debe ser uno de los pilares de nuestro desarrollo, tal como el petróleo lo ha sido para los países del Golfo Pérsico, que, sin el usufructo de ese recurso, estarían entre los países más pobres del mundo.

Es importante que en el Perú exista espacio para todos quienes quieren participar de la minería; para el mediano y grande, pero también para el pequeño y artesanal. Sin embargo, la legislación nunca estuvo pensada para el pequeño o el artesanal, constituyendo la engorrosa normativa vigente, una barrera infranqueable para ser formal.

En vez de realizar las reformas legales de fondo, para tener un camino realista, que lleve al minero informal a la formalización, se optó por el REINFO, un registro, en teoría transitorio, pero permanente en la práctica, que permite la producción y comercialización de mineral y uso de explosivos, sin resolver, ni exigir que sean resueltas las causas subyacentes a la informalidad minera. Así de los más de 84 mil REINFOS, solo el 2% logro formalizarse, pero se generó un manto de inmunidad, donde es posible producir y comercializar mineral y explosivos, sin verificar el origen de los mismos y gozar a la vez, de protección de la acción fiscal por minería ilegal.

Tras legislar intensivamente en favor de las economías ilegales, hoy quieren darle carácter hereditario al REINFO, con lo que se consumaría el carácter permanente, de un instrumento fallido, que lejos de formalizar, ha fomentado más informalidad, más ilegalidad y la proliferación de las economías ilegales, amén del amparo y protección de nuestras autoridades.

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