Amañar elecciones, por Paula Távara

Los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2021 en nuestro país un grupo de actores políticos, perdedor en la contienda, levantó el grito de fraude. Aducían que las elecciones habían sido amañadas en las mesas electorales de algunas zonas rurales del país. Todos los observadores nacionales e internacionales, así como las pruebas que iban llegando y el trabajo de la justicia electoral, avalaban el proceso, pero eso no detuvo sus gritos, los que arrastran hasta hoy. Les robaron la elección dicen. Y no lo volverán a permitir.

Hoy, 4 años después de aquellos días marcados por un profundo racismo y negación de la realidad, esas fuerzas políticas han logrado capturar el poder por otras vías. Si la elección de segunda vuelta definía un presidente, lo que tras el fallido golpe de Castillo se ha asentado en el país se parece más a un acuerdo de convivencia y reparto de territorios (instituciones, cargos públicos, puestos de trabajo) de familias de la mafia.

El tipo de régimen político en el que transcurre esta convivencia, como he señalado en otras columnas, es hoy el de un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2002); un tipo de régimen en el cual las instituciones democráticas formales -procesos electorales, poderes del Estado, cambios en la legislación- son vistas como “medios principales para obtener y ejercer la autoridad política”, y es por ello que los actores políticos autoritarios buscan garantizarse el control de estas.

El lado esperanzador de la categoría de autoritarismo competitivo, es la pervivencia de arenas de competencia, es decir, de espacios en los que aún es posible voltear la situación y retomar el conducto democrático, espacios que por tanto pueden y deben ser aprovechados por la ciudadanía. Estas son la arena judicial, electoral, legislativa y de medios de prensa.

Sin embargo, parece más claro que quienes han tomado nota de la existencia de las arenas de competencia son precisamente los actores y organizaciones políticas que tienen capturado el poder, arremetiendo contra ellas con la intención de cerrarlas cada vez más.

No es tan difícil cruzar la línea de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo a secas.

Controlar la composición del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, pretender la destitución de la Presidenta del Poder Judicial y llenar de denuncias constitucionales a la Fiscal de la Nación son, sin lugar a dudas, mecanismos para amedrentar la justicia e intentar cerrar la arena judicial.

Esta arena se ve también perjudicada por la recientemente aprobada “ley antiongs”, la cual prohibiría a las ONGs de litigar contra el Estado. Entendamos que los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables muchísimas veces no pueden cubrir ese tipo de gastos legales. Pueblos afectados por daños medioambientales, pacientes victimas de negligencias de hospitales públicos y si, víctimas de la represión política, entre otros, requieren apoyo de organizaciones para llegar a obtener justicia. Para que pueda haber jueces valientes -como señala la conceptualización de Levitsky y Way- se requieren denuncias y denunciantes valientes.

En cuanto a la arena electoral, llevamos ya bastante tiempo viendo ajustes a las normas electorales orientadas a limitar la competencia y cerrar el sistema para reducir su riesgo de perder el poder. Si me detengo a imaginarles, les veo en sus cuarteles pensando “me robaron tres elecciones, no me roban más”.

Así que quienes acusaron de fraude a medio país en 2021, preparan hoy su propio fraude. Su “golpe blanco”, como Diría Boluarte haciendo gala de su supina ignorancia y soberbia.

Recordemos que en la actualidad no se requiere dar golpes a la usanza tradicional para imponer un gobierno autoritario. Según el libro How to Rig an Election (Cheeseman y Klaas, 2018), para perpetuarse en el poder. Los regímenes autoritarios de nuestra era prefieren llevar a cabo elecciones. Eso sí, ni libres ni limpias.

De hecho, los autores señalan que la forma más efectiva de manipular una elección es hacerlo con anticipación a la fecha misma de los comicios, “si para amañar se tiene que recurrir a matones y urnas llenas de votos, ya se ha fracasado”.

Así, la manipulación electoral empieza meses o años antes de la cita electoral, “cuando no hay observadores internacionales sobre el terreno y las argucias pueden ser presentadas como decisiones técnicas o incluso legales”.

Entre las formas más efectivas pero sutiles de fraguar el proceso se encuentra una que hoy se ha puesto de moda entre nuestros autoritarios locales: la exclusión de candidaturas de oposición.  Por eso el desfile de inhabilitaciones que vemos por estos días. No quieren ninguna otra figura política en condiciones de opacarles.

Además de ello, el Congreso ha aprobado una modificación al calendario electoral que ajusta significativamente las fechas y tiempos que los organismos electorales tienen para garantizar un proceso electoral en condiciones.

Súmele que se obliga al uso de una sola cédula de sufragio, que contendrá la candidatura de más de 40 partidos y 7mil candidatos a senadores, diputados y planchas presidenciales. En esas condiciones aumentan las posibilidades de errores o confusión, sean reales o fake, y que por tanto puedan, si lo requieren, gritar nuevamente fraude, solo que esta vez con más posibilidades de que las cosas calcen a su medida. Llevan años preparándose.

Particular preocupación tendría que darnos una de las principales conclusiones a las que Cheeseman y Klaas arriban: aquellos regímenes autoritarios que amañan elecciones para garantizar su captura del poder, tienden a ser mucho más estables y duraderos que las dictaduras tradicionales.

Ya lo decía el periodista Paco Flores esta semana: si no los paramos, no van a parar. ¿Qué estamos esperando?