Violencia amazónica

Tres ciudadanos del pueblo kukama fallecieron luego de que la policía reprimiese una protesta en la sede del Lote 95 en la localidad de Bretaña, en el distrito Bajo Puinahua (Requena, Loreto), de acuerdo a la denuncia de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

El Ministerio del Interior (Mininter) ha informado que los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones de la compañía petrolera PetroTal, ubicada en dicha localidad, que los manifestantes estaban provistos de lanzas y retrocargas (perdigoneras), y que al no llegar a un acuerdo sobre sus reclamos con la empresa, “habrían realizado disparos”, impactando uno de los proyectiles en un efectivo policial, produciéndose un enfrentamiento, de lo que resultaron heridos 6 policías y otras 11 personas.

Los líderes de la comunidad niegan que la manifestación de 70 personas tuviese armas de fuego, y señalan que acudieron a la sede de Petrotal a exigir que la empresa y el Estado cumplan con un plan de “cierre de brechas” prometido y por sus demandas de atención de medicinas y otros servicios que la empresa les niega.

Horas después, el ministro de Interior matizó el comunicado de su sector y señaló que los incidentes están en proceso de investigación y que se espera el informe de la fiscal provincial penal de prevención del delito que se encontraba presente en el lugar de los hechos. El Gobierno ha dispuesto que viaje a la zona una comisión de alto nivel liderada por el ministro de Cultura.

Es cierto que deben esperarse las investigaciones y que se actúen las primeras evidencias. En el pasado, más de una vez las versiones oficiales fueron desmentidas fácilmente, así como el intento de que recaiga la responsabilidad en los pueblos originarios.

No se pueden negar los hechos violentos y sus resultados mortales. Y las razones muy actuales que les concurren, especialmente la extremada afectación del Covid-19 a las comunidades nativas amazónicas, al punto que resulta difícil al Estado señalar un número preciso de fallecidos. Solo en Ucayali se estiman 1.992 indígenas amazónicos contagiados en 19 comunidades.

Se precisa de un cambio urgente en favor de los pueblos originarios. El Estado ha reaccionado tarde a la crisis humanitaria en estas comunidades, a pesar de las alertas nacionales y de la preocupación formal del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, remitida al Gobierno en el mes de mayo. El mismo ministro del Interior ha reconocido que el Gobierno no participaba en el diálogo entre la empresa y las comunidades. Es hora de otro enfoque.