Pedro Sánchez espera aprobar medidas de vivienda que incluyen indemnizaciones para propietarios y límites a desahucios
El segundo decreto extiende la protección contra desahucios hasta 2030 y limita la compra especulativa de viviendas, en un contexto de difícil acceso a la vivienda en España.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró “razonablemente optimista” sobre la aprobación de dos decretos de vivienda que serán sometidos al Congreso este viernes. Las iniciativas plantean cambios en los contratos de alquiler y nuevas medidas de protección para personas vulnerables.
Uno de los decretos contempla la renovación automática de determinados contratos y una compensación para los inquilinos si el propietario decide no renovarlos sin acogerse a una causa de excepción. El otro amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios y establece restricciones a la compra especulativa de viviendas.
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El Gobierno busca respaldo para aprobar los decretos de vivienda
Sánchez afirmó durante una rueda de prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, que es “razonablemente optimista sobre la convalidación” de las medidas. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mayoría propia en el Congreso y el resultado de la votación todavía no está asegurado.
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El presidente español defendió las iniciativas ante las dificultades para acceder a una vivienda y criticó al Partido Popular, que ha anunciado su rechazo. Sánchez sostuvo que “no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad”, al referirse a las personas afectadas por los desahucios y el aumento de los alquileres.
Los alquileres podrían renovarse automáticamente
El segundo decreto establece un nuevo régimen de prórroga automática de los contratos de alquiler. Cuando el propietario decida no renovar sin una de las causas previstas, deberá pagar al inquilino una compensación de al menos 12 mensualidades de renta, según el texto conocido.
La norma contempla excepciones, entre ellas que el propietario necesite la vivienda para sí mismo o determinados familiares. En los contratos de vivienda habitual, la prórroga se aplicaría después de los periodos mínimos establecidos por ley: cinco años cuando el arrendador sea una persona física y siete cuando sea una persona jurídica.
