
El Supremo de Brasil examina si debe abrir una investigación contra el juez Alexandre de Moraes por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, entidad liquidada tras un fraude masivo a sus clientes. La revisión ocurre a partir de un informe de la Policía Federal que expuso mensajes entre ambos y reuniones presenciales.
La sesión del Tribunal Supremo Federal (STF) se desarrolló en medio de una disputa interna entre Moraes y André Mendonça, relator del caso Master. El conflicto aumentó después de que Mendonça ordenara levantar el secreto de documentos policiales. Uno de ellos registró 52 mensajes entre Vorcaro y un número atribuido a Moraes, además de un contrato por 130 millones de reales del banco y el bufete de abogados de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado.
El análisis del expediente provocó un fuerte enfrentamiento entre ambos jueces. Moraes acusó a Mendonça de actuar con parcialidad y de orientar la investigación con un propósito político y electoral. El magistrado pidió que su situación y las actuaciones de su colega se examinaran de forma conjunta.
Mendonça respondió que no se trataba de miedo. El intercambio subió de tono cuando el magistrado negó las acusaciones de su colega. "Eso es mentira", dijo ante la afirmación de Moraes sobre una supuesta intervención suya que buscaría incluirlo en un acuerdo de culpabilidad.
Moraes sostuvo que tenía atestiguantes para respaldar su versión. "Los traeremos aquí, Presidente [Fachin], y citaremos a los testigos que yo le indique. No solo policías, sino también abogados", afirmó.
En otro momento, el juez aseguró que la investigación utilizada contra él era "fraudulenta" y que los informes de inteligencia de la Policía Federal que presentó no eran documentos sin autoría.
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La disputa también alcanzó a Gilmar Mendes. El decano del STF afirmó que existía un "sesgo electoral inequívoco" en la gestión del expediente y cuestionó la oportunidad de las actuaciones. "Es evidente, y hasta las piedras lo saben, que existe un sesgo electoral inconfundible", declaró.
Mendonça calificó de imprudente la intervención de Mendes. El magistrado respondió con una crítica a la conducción del proceso y llegó a afirmar que "incluso la mafia tiene ética".
Ante la escalada del enfrentamiento, Flávio Dino planteó suspender el juicio. Mendes respaldó la propuesta y pidió que los procedimientos vinculados al caso fueran reunidos y analizados por el pleno, con una nueva distribución de la ponencia. Edson Fachin, presidente del tribunal, suspendió la sesión.
La controversia judicial también alcanzó al entorno político de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, senador y candidato conservador para las elecciones presidenciales de Brasil, aparece relacionado con el escándalo por una investigación sobre sospechas de corrupción y lavado de dinero.
El expediente citado en el material señala que el hijo del expresidente es investigado por el financiamiento de una película sobre su padre, cuyo costo fue asumido por Vorcaro.
La controversia adquirió mayor peso político porque Moraes fue quien encabezó el proceso que terminó en 2025 con la condena de Jair Bolsonaro por golpismo. El juez es considerado por la derecha brasileña como un adversario del bolsonarismo y recibió una sanción de Donald Trump en represalia por el proceso contra su aliado.
Flávio Bolsonaro aprovechó la crisis para cuestionar al magistrado y vincularlo con Luiz Inácio Lula da Silva. "El actual presidente compartió su poder con Alexandre de Moraes. Y al final, Brasil se quedó sin ningún presidente", afirmó el senador en un video.
El conflicto coincide además con un cambio en la encuesta Quaest. Por primera vez, Flávio Bolsonaro apareció por delante de Lula en un escenario de segunda vuelta, con 42% frente a 40%. La diferencia, según el sondeo citado, permanece dentro del margen de error.
El caso Master irrumpió en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de Brasil, cuya primera vuelta está prevista para el 4 de octubre.
La encuesta Quaest mostró un incremento de la preocupación por la corrupción entre los brasileños. El indicador pasó de 14% a 22% en apenas 12 días, de acuerdo con los datos incluidos en el material.
Lula pidió transparencia ante el escándalo y sostuvo que debe responder quien corresponda.
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El debate también puso bajo escrutinio la disponibilidad de las pruebas extraídas del teléfono de Vorcaro. Moraes, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes solicitaron acceso completo al material. Tras una orden de Zanin, la Policía Federal confirmó que entregó copias del archivo digital a los tres despachos. La Fiscalía General apoyó la ampliación del acceso a los documentos.
En Brasilia, la sede del tribunal reforzó su seguridad durante la sesión con drones, policías armados, perros especializados en detección de explosivos y un helicóptero sobre el área. La tensión institucional ocurre mientras el STF define cómo continuará el examen de las actuaciones vinculadas al Banco Master y a los involucrados en el caso.





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