Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por gestionar sanciones de Estados Unidos contra jueces

Eduardo Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Supremo de Brasil por el delito de coacción a la justicia, tras determinarse que realizó gestiones en Estados Unidos para promover medidas contra magistrados que participaban en procesos relacionados con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La Primera Sala de la Suprema Corte fijó una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de una multa económica.

Los magistrados Alexandre de Moraes, Cristino Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino votaron de manera unánime a favor de la condena. Según la decisión judicial, el exdiputado buscó influir en el desarrollo de procesos penales mediante contactos con autoridades estadounidenses y la promoción de sanciones a Brasil y miembros del Poder Judicial. La sentencia aún puede ser apelada.

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Supremo fija pena de más de cuatro años de prisión

El fallo estableció que Eduardo Bolsonaro cumplirá una pena de cuatro años y dos meses bajo un régimen inicial semiabierto. La resolución también contempla el pago de una multa calculada sobre 50 días de salario. Para Alexandre de Moraes, existieron pruebas suficientes que demostraron que el acusado intentó interferir en la actuación de los jueces encargados del caso relacionado con el supuesto golpe de Estado.

Durante su voto, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida al excongresista no podía considerarse una actividad legislativa protegida por la inmunidad parlamentaria. “No es función de un diputado federal brasileño ejercer presión en el extranjero contra su propio país”, afirmó. También rechazó el argumento de la defensa sobre la libertad de expresión y señaló que las acciones investigadas tuvieron como objetivo impedir una eventual condena a Jair Bolsonaro.

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Fiscalía sostuvo que hubo presión al Poder Judicial

La Procuraduría General y la Fiscalía General argumentaron que las pruebas reunidas mostraban una estrategia destinada a generar presión sobre la justicia brasileña. El subprocurador Antônio Edílio Magalhães Teixeira sostuvo ante la corte que el caso era claro desde el punto de vista penal y que el conjunto de evidencias demostraba la existencia de coacción.

Entre los elementos analizados figuraron declaraciones oficiales, publicaciones en redes sociales y contactos mantenidos desde Washington. Según la acusación, esas acciones buscaban promover sanciones estadounidenses contra magistrados y otras autoridades. La defensa, representada por el defensor público Esdras dos Santos Carvalho, respondió que su cliente no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Estados Unidos y que sus manifestaciones estaban amparadas por la libertad de expresión.

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Condena se vincula al juicio contra Jair Bolsonaro

La investigación concluyó que las actuaciones de Eduardo estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentaba Jair Bolsonaro. Los jueces consideraron que el propósito era evitar consecuencias judiciales para el exmandatario, condenado a 27 años de prisión por su participación en un complot vinculado a los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con Alexandre de Moraes, el propio acusado reconoció que se trasladó a Estados Unidos en 2025 con el fin de acercarse al entorno político de Donald Trump. La corte examinó declaraciones en las que relató iniciativas que buscaban impulsar sanciones contra jueces brasileños. Para Cármen Lúcia, existió una secuencia de actos orientados a influir en las decisiones judiciales, mientras que Cristino Zanin afirmó que las pruebas revelaban una intención clara de coaccionar a la Suprema Corte durante la tramitación del juicio por golpismo.