
El martes 6 de mayo por la mañana, un conjunto de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional ingresaron al restaurante Millie's, situado en el noroeste de Washington D.C., con la intención de conversar con los trabajadores y obtener acceso a documentos de trabajo. Sin requerir una orden judicial, trataron de conseguir formularios I-9 y confirmar la condición migratoria del personal.
El operativo, que involucró a agentes y vestidos de civil, causó preocupación en el local y entre los empleados, la mayoría de procedencia inmigrante. La redada se enmarca en un contexto de incremento de acciones de ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.
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Bo Blair, propietario del establecimiento, informó: “Pidieron hablar con nuestros empleados y querían los formularios I-9, pero les dije que no. Esos documentos están en la oficina central”. Además, les informó que no permitiría interrogatorios a sus empleados sin la debida orden judicial. Los formularios I-9 se emplean para comprobar la identidad y el permiso laboral de cada trabajador en Estados Unidos, tal como especifica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
Su reacción resguardó a los empleados y previno posibles arrestos. Blair indicó que el procedimiento fue inncesario y causó temor en el personal. “Los inmigrantes son la columna vertebral no solo de la industria restaurantera, sino de muchas otras industrias en este país. Sin ellos, no hay restaurantes”, declaró Blair. Adicionalmente, denunció que los agentes comunicaron su regreso el lunes siguiente y dejaron documentación relacionada con el proceso de verificación de formularios I-9.
Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., manifestó su inquietud por las acciones del ICE, indicando que estas operaciones no están vinculadas a ninguna coordinación con las autoridades locales. “No parece que estén buscando criminales. Resulta inquietante”, declaró, enfatizando que la policía metropolitana no participó en las redadas.
La comunidad migrante y entidades de defensa de los derechos humanos también hicieron hincapié, alertando a los comerciantes de que los agentes federales no tienen permiso para ingresar a zonas privadas ni solicitar documentos sin la aprobación de un juez. La acción de Blair fue tomada como un modelo de resistencia jurídica frente a operativos que muchos ven como amenazantes e irregulares.

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