Este estado financiará el aborto hasta antes del nacimiento en Estados Unidos: decisión es respaldada por sus ciudadanos

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, firmó recientemente una ley que destina al menos US$1.5 millones anuales al financiamiento de abortos en el estado. La legislación, oficializada bajo el Proyecto de Ley del Senado 183, permite también la inclusión obligatoria de esta prestación en los seguros médicos de los empleados estatales. La norma también elimina cualquier restricción temporal en la práctica del procedimiento, permitiéndolo hasta el momento del parto.

El origen de esta iniciativa se encuentra en la Enmienda 79, aprobada por un 61,97% de los votantes en el referéndum estatal del 5 de noviembre de 2024. Esta modificación constitucional suprimió las limitaciones al uso de recursos públicos para financiar abortos, consolidando este derecho dentro del marco legal de Colorado. Hasta entonces, el estado solo subvencionaba esta práctica en casos de violación, incesto o riesgos para la vida de la madre.

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Un respaldo a la decisión de las mujeres en Colorado

Durante la ceremonia de firma, Jared Polis defendió la legislación como un paso esencial para garantizar la autonomía de las mujeres en decisiones reproductivas. El gobernador criticó lo que describió como una “intromisión gubernamental” en asuntos personales, aludiendo a las restricciones provida impuestas a nivel federal. “Colorado está protegiendo completamente el derecho a elegir”, declaró ante los medios presentes.

Dianne Primavera, vicepresidenta del estado, acompañó al mandatario en el evento junto a su nieta, simbolizando el acceso garantizado de futuras generaciones a estos servicios. “Quiero que mi nieta crezca con los mismos derechos que yo tuve”, afirmó, destacando el impacto intergeneracional de la medida.

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La oposición de la Iglesia y sectores provida

La ley ha generado críticas contundentes por parte de grupos provida y la Conferencia Episcopal de Colorado. En un comunicado conjunto, los obispos expresaron su “profunda preocupación” por una legislación que consideran “un ataque contra la dignidad humana”. También denunciaron la imposición de esta política a los contribuyentes que, por razones de conciencia, se oponen al financiamiento de abortos.

Catherine Wheeler, ginecóloga y antigua practicante de interrupciones del embarazo, calificó la ley como “alarmante” debido a sus implicaciones éticas y sociales. La doctora señaló que esta visión podría deshumanizar el valor intrínseco de la vida.

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El debate económico: ¿Aborto como herramienta de ahorro?

Uno de los puntos más controvertidos de la legislación fue el argumento económico presentado por Julie McCluskie, presidenta de la Cámara de Representantes de Colorado. Durante los debates legislativos, McCluskie sostuvo que financiar abortos sería más rentable que cubrir los costos asociados a los nacimientos. “El ahorro generado por los nacimientos evitados supera el costo de garantizar la salud reproductiva”, afirmó.

Estas declaraciones generaron un rechazo inmediato por parte de activistas provida y sectores médicos. Críticos del proyecto denunciaron que priorizar la economía sobre la vida humana resulta “inaceptable”. Planned Parenthood de las Montañas Rocosas, por el contrario, celebró la aprobación como un “avance” en la garantía de derechos reproductivos.