
Coordinadores de equipos, funcionarios de Alta Dirección y personal administrativo considerado indispensable quedarían fuera de la modalidad de teletrabajo al 100% en las entidades públicas. Así lo plantea un proyecto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que amplía las restricciones vigentes para los servidores que realizan sus funciones completamente desde casa.
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La iniciativa modifica el artículo 35 del Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. En la actualidad, la normativa ya excluye de esta modalidad a quienes cumplen funciones directivas y al personal de confianza. El cambio incorporaría nuevas categorías y ampliaría el alcance de las restricciones.
El proyecto establece cuatro categorías de puestos que no podrán acogerse al teletrabajo total: quienes realizan funciones directivas, incluidos los que coordinan grupos de servidores; los empleados y servidores de confianza; los puestos de Alta Dirección de las entidades públicas, programas y proyectos; y aquellos que cumplen funciones administrativas indispensables para la prestación del servicio público.
La principal novedad es la incorporación expresa de los coordinadores de equipos, los puestos de Alta Dirección y el personal administrativo indispensable. En este último caso, el proyecto no detalla qué cargos o actividades estarán comprendidos, por lo que su identificación dependerá de la evaluación de cada entidad pública.
La exposición de motivos considera que determinadas funciones requieren coordinación, supervisión y disponibilidad presencial para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, no establece una relación de los puestos administrativos que deberán cumplir estas condiciones.
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La propuesta también encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establecer el tiempo máximo permitido para el teletrabajo parcial en las entidades públicas. Esto significa que los servidores que no puedan trabajar completamente a distancia todavía podrían acogerse a un esquema híbrido, dentro de los límites que establezca la entidad competente.
Asimismo, Servir deberá determinar qué servicios u órganos pueden funcionar bajo la modalidad de teletrabajo total, considerando la naturaleza de sus actividades. El proyecto menciona como ejemplos la telemedicina y la teleeducación, cuyos servicios pueden prestarse a distancia.
De aprobarse la modificación, las entidades públicas tendrían 60 días calendario, contados desde la entrada en vigencia del decreto supremo, para adecuar las relaciones y contratos de trabajo sujetos al teletrabajo.
Durante ese periodo deberán revisar qué servidores están comprendidos en las nuevas categorías y modificar las condiciones de trabajo que correspondan. Quienes queden excluidos del teletrabajo total tendrían que pasar a un esquema presencial o parcial.
Otro cambio propuesto es la prohibición de realizar teletrabajo desde fuera del territorio nacional, salvo los supuestos contemplados en normas especiales. La exposición de motivos señala que la medida responde a dificultades de supervisión y control de los trabajadores que realizan sus labores desde el extranjero.
La propuesta fue publicada el 11 de noviembre mediante la Resolución Ministerial N.° 352-2026-TR. El MTPE abrió un periodo de consulta pública de 15 días calendario para recibir observaciones de trabajadores, empleadores, entidades públicas y ciudadanos.
Los comentarios podrán enviarse a la Dirección de Normativa de Trabajo mediante la mesa de partes presencial o digital del ministerio, así como al correo electrónico señalado en la resolución.
El plazo de consulta permitirá recoger observaciones antes de que el MTPE defina el texto que podría aprobarse. Mientras tanto, las restricciones planteadas todavía no modifican las condiciones de teletrabajo vigentes para los servidores públicos.

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