Consejo Fiscal advierte que el Perú podría perder el grado de inversión en 2031 por leyes de gasto y exoneraciones tributarias a empresas

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que de mantenerse la descarrilada aprobación de leyes de gasto y las onerosas exoneraciones tributarias a grandes empresas aprobadas por el Congreso de la República, el Perú podría perder, en el próximo quinquenio, el grado de inversión, léase como el sello de confianza que permite ver al país como un destino seguro para invertir y pagar sus deudas.

“Cinco años es un periodo en el que, si seguimos en esta senda, sí podemos perder el grado de inversión. Ojalá no ocurra. No va a ser este año ni el próximo aunque las agencias calificadoras suelen reaccionar con rezago", apuntó. "Si no se corrige el rumbo, es una de las posibilidades. Le pasó a Colombia, por ejemplo", acotó.

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Según detalló Segura en la conferencia Finanzas Públicas y Retos Macrofiscales, entre 2021 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal negativo, que implican compromisos permanentes por S/36.700 millones anuales (alrededor del 3% del producto bruto interno) muchas de ellas fuera del marco presupuestal.

Estas medidas contemplan aumentos en pensiones para maestros y militares, mayores beneficios para trabajadores del Estado y cambios laborales en el sector salud que elevan el gasto público.

"Perú está reventando la tarjeta de crédito"

Lo que más se critica es un deterioro progresiva que hacen ver "bastante delicada" la situación fiscal actual, calificada como “la peor históricamente”.

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El país enfrenta hoy un déficit fiscal en niveles no vistos desde inicios del milenio, acompañado de una deuda neta cada vez en alza. Según explicó, en años anteriores se logró estabilizar la deuda utilizando activos públicos generados durante el boom externo, pero ese margen ya se agotó. “Perú no tiene un problema de solvencia ahora, pero está reventando la tarjeta de crédito”, graficó.

El incumplimiento prolongado de las reglas fiscales

El deterioro también se refleja en el marco fiscal. Segura fue enfático en que el incumplimiento de las reglas fiscales ya es inevitable. “La regla fiscal de este año es imposible. Las reglas no las van a poder cumplir. Pero las de 2027 tampoco y dicho ese paso, ni 2028 ni 2029. Es imposible cumplir la trayectoria de todos los años", manifestó.

Uno de los principales factores detrás del deterioro es la presión del Congreso sobre el gasto público.

El también exministro de Economía advirtió que solo en los últimos meses se han aprobado medidas con alto impacto fiscal. En marzo, por ejemplo, se registró el mayor incremento de gasto de la historia reciente, con iniciativas equivalentes a cerca del 1% del PBI.

“Hay una serie de leyes ahí que tienen costos fiscales prohibitivos”, sostuvo, al advertir que estas decisiones implican gastos permanentes sin financiamiento claro.

El impacto de estas medidas ya empieza a trasladarse a otras áreas del Estado. Según el titular del Consejo Fiscal, la presión sobre el presupuesto obligará a recortes y reasignaciones. ,“Te recortan casi ocho mil millones de presupuestos de infraestructura, te cierran el programa de becas”, ejemplificó.

Advirtió que estos ajustes “son solo el inicio” de un proceso más amplio de repriorización del gasto público.

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Exoneraciones y debilitamiento tributario

A la par del aumento del gasto, Segura alertó sobre el debilitamiento de los ingresos fiscales. Criticó la proliferación de exoneraciones tributarias a grandes empresas sin evidencia de impacto económico.

“No han generado retorno nada. La aprobación de la mayoría de las exoneraciones tributarias no ha seguido evidencia económica", indicó sobre algunos beneficios vigentes como la nueva ley agraria conocida como Ley Chlimper 2.0, que reduce el impuesto a la renta de 29,5% a 15% a las agroexportadoras.

Además, advirtió que se está “perforando” la administración tributaria con regímenes de baja o nula imposición, lo que dificulta elevar la recaudación.

El dato:

-El Perú deja de recaudar hasta S/27.000 millones cada año debido a la cantidad de beneficios tributarios aprobados en los últimos cinco años, principalmente desde el Congreso, según el informe “Democracia y Tributación Justa: la agenda pendiente hacia la adhesión del Perú a la OCDE”, elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú.