
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que impone severas restricciones a los inmigrantes sin estatus legal. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, prohíbe a los indocumentados usar licencias de conducir emitidas en otros estados. Además, se sancionará como delito grave el uso de documentos falsificados para conseguir trabajo, lo que ha generado preocupación en varios sectores.
La comunidad latina teme las consecuencias de estas nuevas disposiciones. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aseguran que esta legislación podría tener efectos negativos sobre la economía del estado y profundizar las dificultades para quienes ya enfrentan barreras sociales y laborales.
La ley firmada por DeSantis prohíbe el uso de licencias de conducir de otros estados por parte de inmigrantes sin autorización legal. Esta medida afecta a miles de personas que dependen de estos permisos para desplazarse, pues Florida no los otorga a quienes carecen de estatus migratorio. La ley también establece que el uso fraudulento de documentos para acceder a empleo será castigada con penas severas.
Los efectos de esta normativa preocupan a la comunidad inmigrante, pues limita el acceso a oportunidades laborales y aumenta las posibilidades de enfrentarse a cargos criminales por violaciones administrativas. Las nuevas reglas complican aún más la vida de quienes intentan subsistir en un entorno donde las restricciones legales siguen aumentando.
La implementación de estas restricciones cambiará significativamente la vida de los inmigrantes en Florida. Aquellos que dependen de trabajos informales y que utilizan licencias de otros estados se verán directamente afectados, con lo cual se les dificultará aún más moverse libremente. Además, la ley obliga a los hospitales a indagar sobre el estatus migratorio de los pacientes. Esto podría disuadir a muchos de buscar atención médica, especialmente en situaciones críticas.
Otra de las disposiciones clave es la obligación de entregar muestras de ADN a quienes se encuentren bajo custodia migratoria. Esta medida estrecha la colaboración entre las autoridades locales y federales, lo que podría intensificar las deportaciones y las detenciones de indocumentados. La ley busca que las autoridades de Florida trabajen en conjunto con el ICE, haciendo más sencillo rastrear y deportar a quienes no tienen documentación legal.

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