
La reciente deportación de tres niños ciudadanos estadounidenses a Honduras, junto a sus madres, ha generado una ola de indignación y preocupación sobre la protección de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Este caso, que involucra a un niño de 4 años que recibía tratamiento médico por un cáncer metastásico, resalta la gravedad de la situación y las implicaciones de las políticas migratorias actuales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ACLU y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP), han denunciado que los menores fueron expulsados del país de manera irregular, sin considerar su ciudadanía ni las condiciones de salud que padecen. Los abogados de las familias enfatizan que estos hechos representan un alarmante retroceso en la garantía del debido proceso, en un contexto donde las políticas de inmigración se han endurecido significativamente.
La deportación ocurrió luego de que las madres asistieran a citas rutinarias de supervisión bajo el programa ISAP en Louisiana, donde fueron detenidas por agentes del ICE. A pesar de que las madres contaban con órdenes de deportación previas, los abogados argumentan que no se respetaron los derechos de los niños, quienes, al ser ciudadanos estadounidenses, debían permanecer en el país.
En uno de los casos, una madre fue arrestada junto a su hijo de 2 años y su hija de 11 años mientras asistía a un control regular. A pesar de que existía una audiencia programada para revisar el estatus de la menor identificada como V.M.L., la familia fue deportada sin que se respetara el procedimiento judicial pendiente. Otro caso similar involucra a una madre detenida con sus hijos de 4 y 7 años, quienes fueron expulsados en menos de 24 horas, a pesar de los esfuerzos de su abogada por detener el proceso.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha negado públicamente que los niños hayan sido deportados, afirmando que acompañaron a sus madres por decisión familiar. Según Rubio, las niñas, como ciudadanas estadounidenses, pueden regresar a EE.UU. si un familiar lo solicita. Sin embargo, los abogados defensores desmienten esta versión, asegurando que las madres nunca expresaron un deseo voluntario de retirar a sus hijos del país.
Gracie Willis, abogada de derechos civiles, ha cuestionado la validez de una nota manuscrita que las autoridades utilizaron como evidencia del supuesto consentimiento de las madres. Además, ha denunciado que las mujeres, algunas de ellas embarazadas y con hijos que requieren tratamiento por enfermedades graves como el cáncer, no tuvieron acceso oportuno a representación legal ni a sus familiares durante el proceso de deportación.

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