
La Cámara de Representantes de Texas dio luz verde preliminar a dos proyectos legislativos que podrían transformar el panorama educativo estatal. Por un lado, se aprobó el controvertido Proyecto de Ley del Senado 2 (SB 2), que propone la creación de cuentas de ahorro educativas financiadas con dinero público. Por otro, se avanzó en el Proyecto de Ley de la Cámara 2 (HB 2), que destina US$7.700 millones a reforzar la educación pública.
El gobernador Greg Abbott, uno de los principales promotores de la medida de vales escolares, celebró la aprobación como una victoria histórica. Mientras tanto, cientos de defensores de la educación pública se manifestaron dentro y fuera del Capitolio en rechazo al SB 2, que permitiría a familias usar fondos estatales para pagar matrículas en escuelas privadas.
El Proyecto de Ley de la Cámara 2 (HB 2) contempla una inversión récord de US$7.700 millones para reforzar múltiples áreas del sistema educativo público de Texas. Entre los principales destinos del financiamiento se encuentran US$3.000 millones dedicados exclusivamente a aumentos salariales para maestros y US$1.500 millones adicionales para educación especial.
Además, el proyecto contempla un aumento de aproximadamente US$400 por estudiante en el financiamiento base estatal, algo que no ocurría desde 2019. Aunque algunos legisladores y expertos afirman que ese incremento es insuficiente para compensar el rezago inflacionario, la medida fue aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara. También se aprobó una enmienda clave que permite a los distritos financiar preescolar de jornada completa sin incrementar el costo del proyecto.
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El SB 2 propone crear un sistema de Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA, por sus siglas en inglés), que permitiría a las familias utilizar hasta US$10.000 anuales en fondos públicos para cubrir matrículas de escuelas privadas y otros gastos educativos autorizados. Estudiantes con necesidades especiales podrían acceder hasta a US$30.000, mientras que quienes opten por educar en casa recibirían US$2.000.
La propuesta fue asignada con un presupuesto inicial de US$1.000 millones para los próximos dos años, y el 80% de los fondos se reservaría para familias con ingresos bajos o estudiantes con discapacidades. Sin embargo, la inclusión de familias con ingresos más altos en el 20% restante del programa generó desacuerdos entre los legisladores, quienes debatieron sin éxito enmiendas para restringir el acceso según nivel socioeconómico.

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