
Con una nueva ley en camino, Florida podría convertirse en uno de los estados con las políticas laborales más estrictas en materia migratoria. El proyecto, impulsado por legisladores republicanos y respaldado por el gobernador Ron DeSantis, busca que todas las empresas, sin importar su tamaño, usen el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de sus empleados.
Actualmente, solo las compañías con más de 25 trabajadores están obligadas a utilizar esta herramienta, que cruza los datos de los empleados con las bases del gobierno federal. Pero si se aprueba la propuesta legislativa, el uso de E-Verify sería obligatorio para todos los empleadores, marcando un nuevo endurecimiento en el control de la contratación de inmigrantes indocumentados en el estado.
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El proyecto de ley HB 955 fue aprobado por mayoría en la Cámara de Representantes estatal y ahora espera ser debatido en el Senado. Esta iniciativa plantea el uso obligatorio del sistema E-Verify, una plataforma digital del gobierno federal que permite confirmar la elegibilidad laboral de los empleados mediante la comparación de sus datos con los registros del Seguro Social (SSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De avanzar en el proceso legislativo, la propuesta podría ser firmada por Ron DeSantis, quien busca exigir a todas las empresas la verificación del estatus migratorio de sus trabajadores. La legislación vigente desde 2023 impone multas de hasta 1.000 dólares diarios a los empleadores que incumplen la normativa en tres ocasiones dentro de un período de 24 meses. Con la nueva propuesta, estas sanciones se aplicarían a todas las empresas, incluidas aquellas con menos de 25 empleados.
Si Ron DeSantis aprueba esta normativa, los inmigrantes indocumentados en Florida se verían directamente perjudicados, ya que su acceso al empleo formal se restringiría aún más. Paralelamente, las pequeñas empresas enfrentarían nuevos desafíos, al verse obligadas a implementar el sistema E-Verify para cumplir con la ley y evitar posibles sanciones económicas.
La propuesta ha recibido el respaldo de legisladores republicanos, quienes sostienen que la medida busca proteger los empleos para trabajadores con estatus legal y fortalecer la seguridad en el mercado laboral. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que esta política podría fomentar la discriminación y aumentar la vulnerabilidad de miles de familias en situación irregular.

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