Tribunal europeo condena a Italia por caso de residuos tóxicos de la mafia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el jueves a Italia por su inacción ante el vertido de residuos tóxicos por parte de la mafia cerca de Nápoles.

Los jueces de Estrasburgo reconocieron la responsabilidad de Roma en el enterramiento e incineración ilegal de residuos peligrosos por parte de la mafia, lo que ha provocado un repunte del cáncer entre la población.

"El Estado italiano no respondió a la gravedad de la situación con la diligencia y el cuidado exigidos, pese a que tenían conocimiento del problema desde hace numerosos años", escribió el tribunal en un comunicado.

Los jueces dieron a Italia dos años para "elaborar una estrategia exhaustiva para responder a la situación, poner en pie un mecanismo de control independiente y una plataforma de información pública".

Entre Nápoles y Caserta existe una zona conocida como "tierra de los fuegos" por los numerosos vertederos ilegales donde se quemaban al aire libre residuos industriales.

Esta región, de casi tres millones de habitantes, sufre desde hace décadas una contaminación por metales pesados, dioxinas y partículas finas que contaminan el suelo, el agua y el aire.

Aún hoy, montones de basura se amontonan a lo largo de las carreteras y en los campos contaminados, donde ovejas y cabras siguen pastando tranquilamente.

Uno de los demandantes, Alessandro Cannavacciuolo, de una familia de pastores, contó a AFP del nacimiento a principios de los años 2000 de "corderos deformes, con dos cabezas, dos lenguas, rabos a los lados".

"Ya no teníamos corderos, sino auténticos monstruos", dijo este pastor, que denuncia "amenazas" contra quienes se atreven a denunciar la situación.

El Parlamento italiano fue informado en 1997 por un miembro arrepentido de la Camorra de la existencia, al menos desde 1988, de enterramientos a gran escala de residuos peligrosos, pero no fue hasta 2013 cuando adoptó un decreto que delimitaba la "tierra de los fuegos".

Desde entonces, varias comisiones parlamentarias de investigación han confirmado la pasividad e incluso la complicidad de la administración, la ausencia de contramedidas y el impacto en la salud de los residentes, incluido un aumento de los casos de cáncer y de malformaciones fetales y neonatales.

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