“El Estado me abandonó”, denuncia lideresa awajún

“El Estado me abandonó. Me dijeron que no tenían recursos logísticos y acepté ir a un albergue que me destinó el Ministerio de Justicia. Pero en ese lugar no había cama ni seguridad”, dice Augostina Mayán Apikai, la lideresa awajún y expresidenta de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), quien ha sido amenazada de muerte por mineros ilegales.

Esta valerosa defensora ambiental y de derechos humanos es actualmente kakajam (congresista) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

“Nuestra lucha continúa, nada ni nadie nos va a doblegar”, asegura a La República.

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Desde niña —recuerda— estaba decidida a ser distinta. A los 13 años dejó su comunidad en el Cenepa y años después volvió convertida en contadora.

 “En el Cenepa no hay policías ni puestos de seguridad. Si algo sucede, la Fiscalía de Bagua se entera al día siguiente. Es decir, no hay Estado”, afirma.

Aunque su relato es fuerte y doloroso, al menos puede contarlo hoy, desde un lugar seguro en la región Amazonas.

Augostina ha recibido constantes amenazas de parte de personas que se dedican a la taña y minería ilegal en la comunidad de Nuevo Kanaan.

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La Odecofroc, en la que Augostina Mayán fue presidenta hasta el 2019, ha impulsado la defensa del territorio awajún. Además, lidera proyectos de desarrollo social ligados a la reforestación y el uso sostenible de los recursos.

Sin embargo, esta defensa empezó a traer inseguridad a las comunidades. Las amenazas no solo alcanzaron a Augostina, también a Hortez Baitug, presidente de Odecofroc, y Zebelio Kayap, otro dirigente awajún.

“Temo por mi vida”

El 29 de junio del año pasado, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos (DPGDH), en coordinación con el Gobierno Regional de Amazonas, activó medidas de protección y solicitó la intervención de la Policía en favor de la lideresa.

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Un día antes, efectivos de la comisaría de Santa María de Nieva constataron que alrededor de su vivienda había elementos dejados por sujetos dedicados a la minería ilegal.

“Tengo garantías, pero solo de ‘pantalla’. El Ministerio de Justicia me abandonó”, reafirma con tono de preocupación.

“Es lógico que haya un temor por mi vida y la de mi familia. Soy un ser humano”, agrega.

 Quienes buscan amedrentarla quieren que abandone su territorio y su familia. Desde que los mineros ilegales se instalaron en la cordillera del Cóndor en el 2009 y en las riberas del río Cenepa en el 2016, han ofrecido dinero a los comuneros a cambio del alquiler de sus parcelas para ampliar su área de explotación minera.

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“A los que se oponen, asegura Augostina, los quieren desaparecer”. Y añade: “Vivíamos en paz, pero ahora tenemos conflictos entre nosotros. Como no hay con qué comprar medicinas, víveres, los mineros se presentan como salvadores”.

Ella lamenta que detrás de las amenazas no solo estén los mineros ilegales, sino comuneros awajún que se encuentran desesperados ante las dificultades económicas y las deudas.

 “Los defensores y defensoras de los derechos humanos somos personas que no portamos armas, nuestra arma es la palabra, el argumento y el sentir por los territorios. Esto es un reto cada día. Amanece y no sabes si vas a terminar el día con vida”, dice Mayán.

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Los mineros prosperan en la zona fronteriza. Han llegado inmigrantes de Ecuador a excavar, abriendo tajos. En la parte baja, donde surca el río Cenepa, la minería ilegal la realizan colonos llegados de otras regiones del Perú y comuneros que no encuentran muchas formas de afrontar la falta de recursos, y la extracción del mineral se presenta como una forma de lograr dinero rápido.

Wampis atrapan a siete mineros ilegales

Comuneros de la nación Wampis detuvieron siete dragas en la comunidad Villas Gonzalo, de la provincia de Condorcanqui (Amazonas); así como a sus siete patrones. Denunciaron que en la zona de Onanga han desembarcado otras cinco dragas mineras con personal armado y temen un enfrentamiento.

Exigen a la Policía que cumpla su deber y se lleve a los detenidos, retire las dragas ilegales y que se investigue la presencia de presuntos delincuentes de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, en la frontera norte.

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“Que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional de Amazonas cumplan su deber, bajo sanción de sus responsabilidades”, señalaron preocupados.

Claves

Autoridad. El gobernador Gilmer Horna logró internarse en la cordillera del Cóndor, en el sector El Tambo, con el objetivo de abordar la problemática de la minería ilegal e informal.

Pedido. Instó al Ejecutivo a que se incluya a la región Amazonas en el Programa Presupuestal 0128, el cual está orientado a disminuir la minería ilegal.