Rebelión judicial. Magistrado ratifica que es competente para la investigación al expresidente Alan García. Estatuto de la Sala Penal Nacional dice que este caso y todos los vinculados al caso Odebrecht deben pasar al Sistema Nacional Anticorrupción.,Rebelión en la Sala Penal Nacional. En defensa de su autonomía, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dijo no a la propuesta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Estatuto de la Sala Penal Nacional, para pasar los casos por lavado de activos, provenientes de corrupción estatal, al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Esto supone un directo enfrentamiento con el presidente del Poder Judicial, quien también encabeza el Consejo Ejecutivo, Duberlí Rodríguez Tineo. En la tarde, en conferencia de prensa, el presidente del PJ reiteró que ningún juez es dueño de los casos y que los procesos vinculados a Odebrecht deben pasar al sistema que encabeza la jueza superior Susana Castañeda Otsu. PUEDES VER Keiko negó haber recibido aportes ilícitos en campaña pero no aclara dudas El miércoles, tal como informó ayer en exclusiva La República, el CEPJ publicó el Estatuto de la Sala Penal Nacional, que la convierte en Corte Superior de Justicia. En esta norma administrativa se dispone que los casos de lavado de activos por corrupción, es decir, todos los procesos vinculados al caso Odebrecht, deben pasar al Sistema Anticorrupción. La medida sorprendió a los jueces. Además, dicha norma dispuso solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura que saque a concurso público todas las plazas de jueces especializados y superiores de los juzgados y tribunales de la Sala Penal Nacional. Esto supone que en los próximos meses, posiblemente en abril, el juez Concepción Carhuancho y sus colegas dejarán de laborar en la Sala Penal y deberán regresar a sus despachos de origen, muchos en provincias. "Eso para mí supone una pérdida de confianza de los órganos de gobierno del Poder Judicial, para mí y mis colegas", declaró Concepción Carhuancho. No se puede La investigación al ex presidente Alan García permitió al juez pronunciarse sobre el contenido del Estatuto de la Sala Penal Nacional. Hace una semana, la defensa del ex ministro Aurelio Pastor había pedido un control de plazo de la investigación de la fiscalía. El juez convocó a la audiencia sin conocer la publicación del mencionado estatuto. Ayer, cuando Pastor se presentó con su abogado, César Nakazaki, este pidió que primero se debata si Concepción Carhuancho todavía podía ver este caso. El magistrado aceptó y luego de tres horas de debate resolvió. El juez consideró que el estatuto concede atribuciones al Sistema Nacional Anticorrupción que no están previstos en la ley. Una resolución administrativa no podía cambiar una ley. Además, dijo que la sala ya había tomado conocimiento de los casos vinculados con Odebrecht y ya iniciado el procedimiento no se puede cambiar la competencia de un magistrado, porque esto viola el principio del juez natural. Subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó cuando la Sala Penal Nacional ya había tomado conocimiento de estos casos, por lo que reiteró que seguía siendo competente para ver el caso García. Si bien esta resolución es sobre la investigación al ex presidente García, al tratarse de investigaciones con presupuestos similares lo mismo aplica para las investigaciones al caso de la Interoceánica, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala-Nadine Heredia. La defensa de Pastor apeló y la decisión del juez será revisada por una Sala Superior. Antes le dieron la razón, ahora es difícil saber. Deben entregar casos El presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, afirmó que los jueces de la Sala Penal Nacional deben entregar los casos vinculados a Odebrecht al Sistema Anticorrupción, pues lo contrario genera anarquía. Anotó que esto ya debería haber sucedido en abril pasado. "Lamentablemente algunos jueces de la Sala Penal se declararon dueños del caso Odebrecht y se pusieron en rebeldía", indicó. Señaló que por eso en el Estatuto de la Sala Penal Nacional se hizo la precisión de competencia. "Ningún juez por más mediático que sea puede desacatar la ley", insistió. Rodríguez Tineo descartó que la emisión del Estatuto de la Sala Penal Nacional fuera algo que se le haya ocurrido a él o tuviera relación con la actual crisis política. Explicó que la elaboración del estatuto estuvo a cargo de una comisión presidida por el juez supremo César San Martín Castro. Luego fue revisada por la jueza suprema Janet Tello y recién después fue aprobada por el Consejo Ejecutivo. Duberlí Rodríguez señaló que la idea es fortalecer y dar mayor legitimidad a la Sala Penal Nacional, a 20 años de su creación, para que ahora esté integrada por jueces titulares que serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy los jueces de la Sala Penal Nacional son elegidos por el Consejo Ejecutivo. La mayoría, como el juez Concepción Carhuancho, son traídos de provincias, quien viene de la Corte del Santa. El problema es que ahora el CNM nombrará jueces que ya sabrán qué casos tendrán que ver y por allí se podrían mover muchos intereses extrajudiciales.❧ Un conflicto con pronóstico reservado y mucho daño al PJ En abril, los jueces de la Sala Penal Nacional ya definieron competencia a su favor en el caso de la Interoceánica y se quedaron con la investigación al ex presidente Alejandro Toledo. La Sala Penal Nacional considera que la ley que crea el sistema Nacional Anticorrupción le da competencia para ver los casos de corrupción, pero no lavado de activos. Agregan que para cambiar esta situación debe darse una nueva ley y no puede hacerse por medio de una resolución administrativa. En sus alegatos, el abogado César Nakazaki recordó que el sistema anticorrupción, para los casos Fujimori y Montesinos, definió la competencia por una norma administrativa y el TC dijo que eso era correcto.
