Qué pasó, qué viene

17 Dic 2017 | 6:01 h

Estamos discutiendo declarar la vacancia del Presidente de la República como consecuencia de un misil lanzado por Odebrecht directo sobre la línea de flotación de su credibilidad como mandatario. Por qué lo hizo es la gran pregunta. Aparentemente esto expresaría la insatisfacción por la implementación del Decreto de Urgencia 003; sin embargo, empoderar al fujimorismo, quien precisamente boicoteaba esa implementación, resulta contradictorio. ¿Es consecuencia de un nuevo pacto por la impunidad de empresas corruptas? Mucha atención a esto. ¿Vamos a dejar que los intereses de Odebrecht marquen la dinámica del país?

El presidente está a punto de ser vacado por sus persistentes, por decir lo menos, ambigüedades y débiles explicaciones dadas respecto a sus relaciones con Odebrecht, que han generado la convicción de que tiene demasiado que ocultar. En el peor caso estamos ante delitos graves, en el mejor ante un pésimo manejo de patentes conflictos de interés. De allí el total aislamiento de la bancada oficialista en el Congreso. Tiene en los próximos días la oportunidad (¿hoy domingo? El mismo jueves parecería demasiado tarde) de dar ¡por fin! explicaciones cabales. De su capacidad de crear la noción de darle el “beneficio de la duda” depende su única esperanza de sobrevivir a la próxima semana.

Si el presidente cae, asume la jefatura de Estado el vicepresidente Vizcarra. Por la estabilidad del país es un escenario mejor que el del adelanto de elecciones. ¿Podrá gobernar Vizcarra? Difícil, no imposible. Recordemos que si caen los dos vicepresidentes tenemos el adelanto de las elecciones generales, y me parece que a los congresistas actuales, naturalmente, no les entusiasma la idea. Keiko Fujimori podría pensar que un adelanto de elecciones bajo un gobierno provisional encabezado por el presidente del Congreso Galarreta sería beneficioso, pero no necesariamente su bancada. Otro mecanismo con el que podría contar Vizcarra para incentivar la cooperación es el de la cuestión de confianza. Por supuesto, Vizcarra deberá gobernar con un esquema de coalición muy amplio y consensual, recogiendo su experiencia de gobernador, dando oportunidad a liderazgos regionales, pero no por ello menos firme.

Vizcarra tendría el reto de, a pesar de encabezar eventualmente un gobierno extremadamente débil, sin ninguna base de sostenimiento propia (ni la propia bancada PPK), sostenido solo porque para sus adversarios es peor dejarlo caer, asegurar un mínimo de gobernabilidad democrática. Esto en lo inmediato significa enfrentar al tractor a toda máquina y sin conductor que parece el fujimorismo en los últimos tiempos. Implica evitar la destitución del Fiscal de la Nación, el descabezamiento del Tribunal Constitucional, la obstrucción a la acción de la justicia en los casos que los involucran. Atención que Víctor Andrés Ponce, con su habitual elocuencia, sugiere al fujimorismo no cometer el error de propiciar un adelanto de elecciones, porque lo que debería ocuparlos es “ejercer su mayoría para desmontar el establishment izquierdista”, que “ha llegado a controlar y mangonear (…) el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación”. Es decir, aplanar el camino hacia el 2021.

Si el gobierno transitorio de Paniagua tuvo como gran misión desarmar el andamiaje heredado del autoritarismo fujimorista, la de Vizcarra sería defender y fortalecer la autonomía, profesionalización y eficiencia del sistema de administración de justicia, para que de toda esta nefasta experiencia quede una limpieza a fondo. La única forma de que algo bueno salga de toda esta desgracia.

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