Sobre la Fiscalía y el Poder Judicial

10 Dic 2017 | 6:00 h

¿Cómo entender la conducta de Fiscales y Jueces en casos de gran importancia política? De un lado, sería ingenuo pensar que sus decisiones siguen una lógica de “estricto apego al derecho”. Ciertamente las presiones de la opinión pública y de los actores políticos cuentan, e incluso la propia lógica jurídica está sujeta a diferentes interpretaciones y mediada por marcos ideológicos. Del otro lado, parece exagerado asumir que estas decisiones se explican por la manipulación de actores políticos. Se asume indistintamente que el poder ejecutivo, el APRA, el fujimorismo o la izquierda tienen poderosas influencias para dirigir a fiscales y jueces. Como puede verse, la diversidad de estos pretendidos hilos sugiere lo poco productiva que es esa tesis.

¿Cómo entender entonces el asunto? Para empezar, tenemos la historia de una extrema precariedad institucional. En tanto ser fiscal o juez implicaba un salario muy bajo y muy poco reconocimiento social, los mejores estudiantes o profesionales del derecho evitaban seguir esas carreras. Esto hizo que en promedio primara en ámbitos judiciales una concepción del derecho muy conservadora, pegada a la literalidad de las normas y reglamentos, y que quedara en segundo plano visiones más integrales que privilegiaran el acceso a la justicia. Los bajos salarios y la precariedad institucional hicieron también a estas instancias muy vulnerables a la corrupción. Además, estos ámbitos fueron ocupados en gran medida por egresados de universidades privadas más populares o públicas en las que grupos como el APRA, el fujimorismo o la izquierda mantienen cierta influencia, de allí la imagen de su “control”. Otras universidades privadas más elitistas, de mayor reputación académica, influyen a través de cursos y seminarios de capacitación. Pero influencia no es sinónimo de control, en todo caso se puede registrar una pluralidad de influencias.

En los últimos años las cosas han cambiado. Los presupuestos y remuneraciones han aumentado de manera importante; las instituciones se han profesionalizado, los procesos se han modernizado; a través de convenios y contactos internacionales fiscales y jueces tienen más claro el estándar al que deben aspirar, aunque por supuesto hay muchísimo más por hacer. Al parecer las mejoras se han dado más en el Poder Judicial que en el Ministerio Público, precisamente cuando la implementación del nuevo Código Procesal Penal requiere tener una fiscalía mucho más profesional, eficiente y ágil. Además, los delitos se han sofisticado mucho en los últimos años, con complejas operaciones financieras y tecnológicas que comprenden varios países.

En este marco, la fiscalía (y el PJ) enfrenta la herencia de una debilidad institucional que no logra superar del todo (a veces quieren pero no pueden); se ve obligada a responder ante fuertes presiones políticas y de la opinión pública (deben combinar agendas propias con agendas que les vienen de afuera para las que no están suficientemente preparados); y además debe actuar allí donde puede construir casos suficientemente sólidos, y esto depende no solamente de sus capacidades, también de con cuánta información cuenta. Y esta suele provenir de otros países, como Brasil, o de delaciones o confesiones que tienen sesgos muy particulares, o de cuán desprolijas sean las redes corruptas para encubrir sus operaciones. En otras palabras, caen sobre quien pueden, no necesariamente sobre quien deberían. Todo esto genera la imagen de la existencia de “intereses oscuros” detrás de las decisiones, cuando en realidad ellas son fruto de múltiples vectores.

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